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DECRETO No. 233

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:
I. Que mediante Decreto Legislativo No. 230, de fecha 14 de diciembre de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 241, Tomo No. 349, del 22 del mismo mes y año, se emitió el Código Tributario.
II. Que por medio de los Decretos Legislativos Nos. 497 y 648, el primero de fecha 28 de octubre de 2004, publicado en el Diario Oficial No. 231, Tomo No. 365, del 10 de diciembre del mismo año, y el segundo de fecha 17 de marzo de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 55, Tomo No. 366, del 18 de ese mismo mes y año, se emitieron reformas al Código Tributario.
III. Que con la aprobación del referido Código y sus reformas, se ha venido dotando a la Administración Tributaria de herramientas de control y de fiscalización, las cuales han significado de manera notable un avance en la eficiencia administrativa, lo cual en su momento ha incidido en el incremento de la recaudación tributaria; lo que, acompañado de los avances tecnológicos, han facilitado a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
IV. Que no obstante haberse obtenido tales progresos, el comportamiento evasivo y elusivo y las nuevas necesidades de los contribuyentes, advierten la necesidad de continuar modernizando la normativa y reorientar los controles tributarios a efecto de armonizar el actuar de la Administración Tributaria, a fin que ésta pueda contrarrestar eficazmente esas nuevas manifestaciones de la conducta de los sujetos pasivos y además facilite a éstos últimos las formas de reportar sus operaciones.
V. Que por las razones expuestas, se vuelve necesario introducir nuevas reformas al Código Tributario, con el propósito de hacer más efectiva la recolección de impuestos por parte del Fisco, de manera que se pueda proveer al Estado oportunamente de los recursos que le permitan hacer frente al incremento de los gastos públicos.

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda,

DECRETA las siguientes:

REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO

Artículo 1.- Refórmase el artículo 25 de la siguiente manera:
Inoponibilidad de reservas
Artículo 25.- Cuando la Administración Tributaria ejerza las facultades de fiscalización, verificación, inspección, investigación y control establecidas en el presente Código no le será oponible reserva alguna, salvo para aquellas personas que atendiendo a su condición, el suministro de información constituya delito de conformidad con las leyes penales.
La Administración Tributaria estará exenta del pago de toda clase de derechos, tasas o cualquier otro gravamen por las certificaciones o servicios que solicite relacionadas con las atribuciones de ésta, al Centro Nacional de Registros, Registro Nacional de Personas Naturales, Registros Públicos, Tribunales, Municipalidades, Oficinas del Estado, Instituciones Autónomas y entidades desconcentradas incluyendo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa CEL.
Se excluye de la exención a que se refiere el inciso anterior el pago de las tasas y contribuciones especiales que cobren las Municipalidades.”

Artículo 2.- Intercálase entre los artículos 41 y 42, el artículo 41-A de la siguiente manera:
Unión de Personas
Artículo 41-A.- Para efectos tributarios, se entenderá por Unión de Personas, al agrupamiento de personas organizadas que realicen los hechos generadores contenidos en las leyes tributarias, cualquiera que fuere la modalidad contractual, asociativa y denominación, tales como Asocios, Consorcios, o Contratos de Participación.
El agrupamiento de personas a que se refiere el inciso anterior, deberán constar en Acuerdo de Unión previamente celebrado mediante escritura pública, en la cual deberá nombrarse representante, debiendo presentar dicha escritura a la Administración Tributaria al momento de su inscripción.
El sujeto pasivo surgido mediante el acuerdo citado, deberá anteponer a su denominación la expresión “UDP” en todos los actos que realice y en toda la documentación o escritos que tramite ante la Administración Tributaria.
La Unión de Personas a que se refiere el presente artículo, estará sujeta a todas las obligaciones tributarias que le corresponden como sujeto pasivo.

Artículo 3.- Adiciónase un literal j) al artículo 43, de la siguiente manera:
“j) El representante de las uniones de personas, sociedades irregulares o de hecho o cualquiera que fuera su denominación.”

Artículo 4.- Adiciónase un literal c) al artículo 49 de la siguiente manera:
“c) Los asociados, partícipes o integrantes de unión de personas, sociedades irregulares o de hecho, o cualquiera que fuera su denominación.”

Artículo 5.- Refórmase el literal c) del artículo 53 de la siguiente manera:
“c) Las personas jurídicas, fideicomisos, uniones de personas, sociedades irregulares o de hecho y demás entes sin personalidad jurídica constituidas en el país, salvo que por el acto constitutivo o acuerdo, según el caso, se fije expresamente su domicilio en el exterior. Asimismo las sucesiones abiertas en la República de El Salvador.”

Artículo 6.- Refórmase el acápite del artículo 55 y su primer inciso, manteniendo invariable el contenido de sus literales de la siguiente manera:
“Lugar de domicilio de las personas jurídicas, sucesiones, fideicomisos, uniones de personas y sociedades irregulares o de hecho
Artículo 55.- A todos los efectos tributarios, el domicilio en el país de las personas jurídicas, sucesiones, fideicomisos, uniones de personas, sociedades irregulares o de hecho y demás entidades sin personalidad jurídica, sea que se hayan constituido bajo leyes nacionales o extranjeras es:”

Artículo 7.- Intercálase entre los artículos 62 y 63 el artículo 62-A así:

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Nombre: REGIMEN ESPECIAL DE LAS FACTURAS CAMBIARIAS Y LOS RECIBOS DE LAS MISMAS

Materia: Derecho Mercantil Categoría: Derecho Mercantil
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 774 Fecha:24/11/1999
D. Oficial: 240 Tomo: 345 Publicación DO: 23/12/1999
Reformas: S/R
Comentarios: El presente Decreto busca regular los efectos jurídicos que produce el documento en el que consta el recibo de las facturas para su aceptación a fin de evitar de esta manera que el acreedor sea privado de sus derechos. JL

Contenido;
DECRETO Nº. 774.-
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I.- Que un gran número de operaciones propias de la actividad mercantil, tales como la compraventa de mercaderías y la prestación de servicios se efectúan al crédito documentándose de forma exclusiva por la emisión de facturas aceptadas por los compradores o adquirentes de los servicios;
II.- Que es necesario que las facturas que se emitan por los conceptos mencionados tengan un valor jurídico capaz de amparar con efectividad la acreencia de los emisores y que para lograr tal objetivo es necesario dotarlas de calidad y características de título valores;
III.- Que asimismo es necesario regular los efectos jurídicos que produce el documento en el que consta el recibo de las facturas para su aceptación a fin de evitar que el acreedor sea privado de sus derechos.

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Julio Antonio Gamero Quintanilla, Alejandro Dagoberto Marroquín, José Mauricio Quinteros, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Kirio Waldo Salgado Mina, Lorena Guadalupe Peña, Alejandro Rivera, Gerson Martínez, René Aguiluz Carranza, Donald Ricardo Calderón Lam, Humberto Centeno, Mariela Peña Pinto y Gerardo Antonio Suvillaga García.
DECRETA el siguiente:

RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS FACTURAS CAMBIARIAS Y LOS RECIBOS DE LAS MISMAS.

Art. 1.- La factura cambiaria es el títulovalor que, en la compraventa de mercancías, y la prestación de servicios, el vendedor o prestador podrá librar y entregar o remitir al comprador y que incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o la parte insoluta del precio.
El comprador o adquirente de los servicios estará obligado a devolver al vendedor o prestador, debidamente aceptada, la factura cambiaria original en las condiciones establecidas en la presente ley.
No se podrá librar factura cambiaria que no corresponda a una entrega real o simbólica de mercaderías vendidas o a un servicio efectivamente prestado.
Art. 2.- Quedan exceptuadas de lo dispuesto en esta sección, aquellas compraventas o prestaciones de servicio cuyos pagos se hayan documentado por medio de letras de cambio, pagarés u otros títulosvalores.
Art. 3.- Una vez que la factura cambiaria fuere aceptada por el comprador o adquirente de los servicios, se considerará, frente a terceros de buena fe, que el contrato de compraventa o de prestación de servicios ha sido debidamente ejecutado en la forma expuesta en la misma.
Art. 4.- La Factura cambiaria deberá contener:

I.- El nombre de la Factura Cambiaria;
II.- La fecha y el lugar de la emisión;
III.- Las prestaciones y derechos que incorpora, entre otros: plazo para su pago e intereses por falta de pago;
IV.- El lugar de cumplimiento o ejercicio de los mismos;
V.- La firma del emisor;
VI.- El número de orden del título librado;
VII.- El nombre y domicilio del comprador;
VIII.- La denominación y características principales de las mercaderías vendidas o los servicios prestados;
IX.- El precio unitario y el precio total de las mismas;
X.- La fecha o número de días en que se efectuara el pago.

La omisión de cualquiera de los requisitos de los ordinales anteriores, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero ésta perderá su calidad de títulovalor.
La falta de plazo o de fecha de pago estipulada en el numeral X de este artículo, se presumirá que ha sido emitido a 30 días plazo de la fecha de emisión.
La Factura Cambiaria no pagada en los plazos o fecha de pago estipulado, causara un interés equivalente a la tasa básica activa promedio publicada por el Banco Central de Reserva, más cuatro puntos adicionales.
Art. 5.- Cuando el pago se haya pactado en abonos, la factura deberá contener, en adición a los requisitos expuestos en el artículo anterior:

I. El número de abonos;
II. La fecha de vencimiento de los mismos;
III. El monto de cada uno.

Los pagos parciales se harán constar en la misma factura, indicando, asimismo, la fecha en que fueron hechos. Si el interesado lo pide, se le podrá extender constancia por separado.
Art. 6.- La factura podrá ser enviada por el emisor al comprador o adquirente, directamente, o por intermedio de bancos, financieras o tercera persona.

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Comisiones Legislativas

¿Qué son las Comisiones Legislativas?

Las Comisiones son grupos de trabajo integradas por Diputados, nombrados por la Junta Directiva, quienes tienen a su cargo el conocimiento de los asuntos que competen a la Asamblea.

Las Comisiones se crean con determinada especialidad en las distintas áreas del quehacer legislativo, siendo la Presidencia de la Asamblea la que distribuye dicho trabajo, de acuerdo a la naturaleza o el contenido del asunto sobre el que se deba dictaminar.

Las Comisiones eligen de su seno un Presidente, un Secretario y un Relator, y los demás tienen el cargo de vocales.

¿Cómo trabajan las Comisiones?

Cuando un asunto se somete a la consideración de alguna Comisión Legislativa, esta toma decisiones o acuerdos por consenso de todos los Diputados o por la mayoría de ellos, procurando armonizar el estudio de los casos con el despacho rápido de los dictámenes.

En tal sentido, las Comisiones tienen la facultad de llamar a sus seno a cualquier persona o funcionario, con el objeto de informarse o ilustrarse sobre algún asunto o expediente en particular.

El Secretario de la Comisión está obligado a rendir un informe trimestral al Pleno Legislativo, sobre el número de expedientes en poder de la Comisión, así como de los dictámenes que han sido pronunciados.

¿Cómo están clasificadas las Comisiones?

Comisiones Legislativas Permanentes

- Comisión Política
- Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
- Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y      Salvadoreños en el Exterior
- Comisión de Justicia y Derechos Humanos
- Comisión de Cultura y Educación
- Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
- Comisión de Asuntos Municipales
- Comisión de Economía y Agricultura
- Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto
- Comisión de Defensa
- Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad
- Comisión de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Comisión de La Familia, La Mujer y La Niñez
Comisión de Trabajo y Previsión Social
Comisión de Turismo, Juventud y Deporte

- Comisiones Legislativas Transitorias

- Comisión de Modernización
- Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales
- Comisión Financiera

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Representación Legislativa de El Salvador

Los 84 Diputados que integran la Asamblea Legislativa son funcionarios de elección popular y por lo tanto, jurídicamente “Representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables y no tienen responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan” (Art. 125 Cn.) En tal sentido, el Diputado es un representante del pueblo salvadoreño y como tal, su voz y voluntad es legítima en la actividad de crear las leyes y ejercer las demás funciones establecidas por la Constitución. Según el Art. 126 Cn… ” Para ser elegido Diputado se requiere ser mayor de veinticinco años, salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreña, de notoria honradez e instrucción y no haber perdido los derechos de ciudadano en los cincos años anteriores a la elección.”

Lo anterior significa que para ser Diputado no es necesario ostentar una profesión o especialización determinada, con lo cual se posibilita el acceso del ciudadano común a este foro democrático y representativo del pueblo salvadoreño.

¿Cómo se elige a los Diputados?

Los Diputados se eligen cada tres años bajo el sistema de representación proporcional, mediante el voto libre, directo, igualitario y secreto, en elecciones populares que organiza el Tribunal Supremo Electoral (TSE), De acuerdo al Art. 76 Cn., ” el cuerpo electoral está formado por todos los ciudadanos capaces de emitir voto”. Con esta base el TSE elabora el “Registro Electoral”, el cual está constituido por todos los ciudadanos salvadoreños mayores de dieciocho años en pleno ejercicio de sus derechos y deberes políticos.

Antes de cada elección, los partidos y coaliciones legalmente inscritos, deben presentar al TSE la nómina o planilla de candidatos por cada departamento y por la circunscripción nacional, de donde saldrán los nombres de los Diputados electos, en proporción al número de votos que obtenga cada partido contendiente. De los 84 Diputados que conforman la Asamblea, 64 representan los catorce departamentos de la división política del país en forma proporcional al número de habitantes de cada uno de ellos. Los restantes 20 Diputados se designan a partir de los votos porcentuales de la Circunscripción Nacional, conocida como “Plancha Nacional”, todo según el mecanismo previamente establecido en el Código Electoral.

¿Que hace un Diputado?

Atiende a las personas y organizaciones representantes de los diversos sectores sociales del país, para conocer de sus peticiones.
Participa en las Comisiones de trabajo a las que pertenece, para estudiar y dictaminar sobre los asuntos que son sometidos a su consideración.

Asiste a las Sesiones Plenarias, donde se conocen los dictámenes que emiten las Comisiones, para que una vez discutidos, puedan ser aprobados o delegados.

Realiza su trabajo político a nivel local y nacional, Buscando el óptimo acercamiento entre Diputados y pueblo.
Representa a la Asamblea en misiones oficiales, tanto dentro como fuera del país

¿Qué facultades tiene un Diputado?

Aprobar o rechazar con su voto las leyes, decretos, acuerdos o resoluciones que se presentan a consideración de la Asamblea.
Abstenerse de votar en los casos que considere necesario.
Apoyar con su iniciativa de ley los proyectos que estime convenientes, para someterlos a consideración del Pleno.
Formar parte del Pleno Legislativo y de las Comisiones creadas por éste.

¿Cuáles son las responsabilidades de un Diputado?

Como todo ciudadano, el Diputado es responsable ante la ley por cualquier delito que cometa; sin embargo la Constitución le garantiza ciertos derechos procesales y lo libera de toda responsabilidad legal por las ideas, opiniones y comentarios que exprese y por la forma como vote en los temas sometidos a consideración.

¿Qué limitaciones tiene el cargo de Diputado?

Al igual que todos los funcionarios públicos, el Diputado no tiene más atribuciones que las establecidas por la ley; esto significa que un Diputado tiene limitantes en su cargo y no puede atribuirse funciones que no le competen. Por ejemplo, un Diputado no puede conceder empleo, autorizar créditos, visas, licencias para conducir, franquicias, etc.; aunque sí puede gestionar ante el Pleno que se recomiende a las instituciones correspondientes cualquier mejora en los ámbitos social, económico o político del país.

¿Para qué son electos los Diputados suplentes?

El ordinal cuarto del Artículo 131 de la Constitución de la República, establece que corresponde a la Asamblea Legislativa llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir a los Diputados Propietarios.

Por cada Diputado Propietario que obtiene un partido político o coalición durante el proceso electoral, tiene derecho a que se le asigne el Diputado Suplente respectivo.

El Artículo 129 de la Constitución en su ordinal tercero fija que los Diputados Suplentes pueden desempeñar empleos o cargos públicos sin que su aceptación y ejercicio produzca la pérdida de su calidad.

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La propuesta  del Viceministerio de Transporte es avalada por mutuo acuerdo en la asamblea legislativa en subir la multa a conductores que se distraigan al conducir.

Las medidas serán mucha más drásticas al hablar por celular, cargar objetos como radios o llevar animales en el asiento delantero y que distraiga al conductor.

En la mesa de la comisión  de obras publicas de la asamblea legislativa se encuentra la discusión de una reforma a la ley General de Transporte terrestre, transito y seguridad vial, cuyo objetivo es poner multas más drásticas a los conductores que lleven su celular, radio comunicadores y hasta animales como los perros que pueden distraer la concentración la cual debería de tener cualquier conductor, quien es responsable de su volante mientras conduce.

Todas las fracciones legislativas  acordaron subir de $34 a $57.14 a quien comentan estas faltas las cuales serán según el artículo 117 de dicha ley mencionada será “MUY GRAVE”.

Según algunos legisladores esto vendrá a prevenir que muchos accidentes, por causa de esta distracción ya que según estadísticas este fue unas de las causas en el 2009 de accidentes.

Las opiniones son encontradas entre los conductores, algunos alegan por lo menos permitir usar los manos libres sería una ayuda a todos los conductores que suelen hacer negocios, contactos, o hasta por emergencias ……

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Contrato de arrendamiento


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NOSOTROS, por una parte el señor ————————————-, de ——————— años de edad, Licenciado en ————————–, del domicilio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, portador de mi Documento Único de Identidad número ——————————————————————————————————————–, y Número de Identificación Tributaria ——————————————————–, que en el sucesivo me denominaré LA ARRENDANTE y por otra parte el señor—————————————– estudiante, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de mi Documento Único de Identidad número —————————————————–, y Número de Identificación Tributaria ————————————————————-, que en el sucesivo me denominaré EL ARRENDATARIO; por medio del presente documento convenimos en celebrar un CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, con las siguientes cláusulas. I) OBJETO: La arrendante da y entrega una casa situada en _________Dirección exacta y completa)____________, , cuya casa la recibe El Arrendamiento a su entera satisfacción y lo destinará para HABITACIÓN FAMILIAR. II) PLAZO: Se da por un plazo de SEIS MESES el cual comenzó a contar a partir del día dieciséis de enero del presente año, siendo prorrogable automáticamente dicho plazo por períodos iguales y siempre que ninguno de los contratantes avise por escrito con un mes de anticipación su deseo de dar por terminado el presente contrato y además que el arrendatario haya cumplido con todas las obligaciones señaladas en éste contrato. III) PRECIO: El precio total del arriendo es de ____(se escribe el total de los SEIS meses en el caso ejemplo Un mil doscientos___________ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que serán pagados por el arrendatario personalmente al arrendante, mediante cuotas mensuales, fijas, sucesivas y anticipadas de —-ejemplo Doscientos—————– DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagaderas el día DIECISEIS de cada uno de los meses comprendidos dentro del plazo establecido, por las cuales firmará seis letras de cambio, que no son deuda diferente, sino que son aledañas al presente contrato y las cuales se devolverán por cada pago de mensualidad en vez de recibo. IV) Por la mora en el pago de una de las mensualidades hará caducar el plazo y las obligaciones aquí contraídas serán exigibles por la vía judicial, en cuyo caso El Arrendatario renuncia al derecho de apelar, de las providencias alzables que se dictaren en el Juicio correspondiente y de pedir fianza al depositario de los bienes que se embarguen. V) El inmueble, se entrega completamente limpio, recién y completamente pintado, con todas sus instalaciones de agua potable y energía eléctrica en buen estado. El arrendatario, entrega al arrendante la suma de ———–DOSCIENTOS DOLARES DE LOS

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Nombre: LEY DE TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS

Materia: LEYES FINANCIERAS Categoría: Leyes Financieras
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 470    Fecha:15/11/2007
D. Oficial: 235    Tomo: 377    Publicación DO: 17/12/2007
Reformas: S/R
Comentarios: La presente Ley tiene por objeto regular las operaciones que se realizan en el proceso de titularización de activos, a las personas que participan en dicho proceso y a los valores emitidos en el mismo; así como establecer su marco de supervisión.

Contenido;
DECRETO No. 470
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I. Que es interés del Estado promover el desarrollo económico y social, generando condiciones para contar con un sistema financiero eficiente que ofrezca diferentes opciones de financiamiento a los sectores productivos del país, por lo que es fundamental propiciar nuevos instrumentos financieros que dinamicen el mercado de capitales.
II. Que la experiencia internacional ha demostrado que la titularización de activos es una herramienta de financiamiento eficiente y su desarrollo en nuestro país, permitiría que los sectores productivos obtengan recursos financieros para realizar nuevos proyectos, al dar liquidez a activos que por sus características carecen de ella.
III. Que la titularización de activos conlleva la emisión de valores negociables en el mercado de capitales, permitiendo ampliar la gama de productos para los inversionistas en un mercado cuya demanda es creciente, ya que existen inversionistas institucionales como los fondos de pensiones y las sociedades de seguros, que poseen regímenes de inversión definidos así como recursos financieros que podrían invertir en valores que se generen de procesos de titularización.
IV. Que es imperativo para desarrollar la titularización en El Salvador, contar con un marco legal integral, que determine las normas a que deben sujetarse quienes intervengan en tales procesos, de tal forma que permita establecer condiciones adecuadas de transparencia y eficiencia, así como, mecanismos de supervisión que propicien su desarrollo ordenado.
V. Que es preciso dotar a la Superintendencia de Valores de las facultades necesarias para emitir la normativa técnica pertinente, por cuanto es el ente público responsable de vigilar y supervisar los procesos de titularización y sus participantes.

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda, y el respaldo de los Diputados: Rolando Alvarenga Argueta, Ingrid Berta María Bendix de Barrera, José Mauricio Quinteros Cubías, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, César Humberto García Aguilera, Federico Guillermo Ávila Qüehl, Francisco Antonio Prudencio, Mariella Peña Pinto, Carlos Armando Reyes Ramos, Wilfredo Iraheta Sanabria, María Patricia Vásquez de Amaya, Mario Marroquín Mejía, Jesús Grande, Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, Alberto Armando Romero Rodríguez, Juan Enrique Perla Ruiz, Douglas Alejandro Alas García, Carlos Walter Guzmán Coto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Roberto José d’Aubuisson Munguía, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Rubén Antonio Álvarez Fuentes, Fernando Alberto José Ávila Quetglas, Jorge Ernesto Morán Monterrosa, Marco Aurelio González, José Francisco Montejo Núñez, César Edgardo Guadrón Pineda, Rafael Ricardo Morán Tobar, Roberto de Jesús Menjívar Rodríguez, Juan Carlos Hernández Portillo y José Roberto Rosales González.
DECRETA la siguiente:

LEY DE TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS
TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
CAPÍTULO ÚNICO

Objeto de la Ley
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto regular las operaciones que se realizan en el proceso de titularización de activos, a las personas que participan en dicho proceso y a los valores emitidos en el mismo; así como establecer su marco de supervisión.
En las materias no previstas en la presente Ley, se aplicará lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y en su defecto, en otras leyes que fueren aplicables.
Definiciones
Art. 2. - Para efectos de esta Ley se entenderá por:

a) Titularización: Proceso mediante el cual se constituyen patrimonios independientes denominados Fondos de Titularización, a partir de la enajenación de activos generadores de flujos de efectivo y administrados por sociedades constituidas para tal efecto. La finalidad de estos patrimonios será principalmente originar los pagos de las emisiones de valores de oferta pública que se emitan con cargo al Fondo.
b) Fondo de Titularización o Fondo: Es un patrimonio independiente, diferente al de la Titularizadora y al del Originador. Está conformado por un conjunto de activos y pasivos que resulten o se integren como consecuencia del desarrollo del respectivo proceso de titularización. Los activos del Fondo tendrán por propósito principal, generar los pagos de los valores emitidos contra el mismo. El Fondo no es una persona jurídica.
c) Originador: Persona propietaria de activos susceptibles de titularización de conformidad a esta Ley, los cuales enajena con la única finalidad de constituir e integrar un Fondo de Titularización.
d) Titularizadora: Persona jurídica que administra a los Fondos de Titularización.
e) Representante de los Tenedores de Valores: Persona jurídica encargada de representar a los propietarios de los valores de cada Fondo de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

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25
Ene

LEY DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

   Posteado por: admin   en leyes

a las:7:40 am

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Nombre: LEY DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

Materia: Derecho Administrativo Categoría: Derecho Administrativo
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 328 Fecha:17/05/1973
D. Oficial: 104 Tomo: 239 Publicación DO: 06/06/1973
Reformas: (9) D.L. Nº 45, del 30 de junio de 1994, publicado en el D.O. Nº 148, Tomo 324, del 15 de agosto de 1994.
La presente ley ha sido interpretada auténticamente por el D.L. N° 180 del 16 de diciembre de 1976, publicado en el D.O. Nº 1, Tomo 254, del 3 de enero de 1977.
Comentarios: El Fondo Social para la Vivienda contribuirá a la solución del problema habitacional de los trabajadores, proporcionándoles los medios adecuados para la adquisición de viviendas cómodas, higiénicas y seguras; satisfaciendo las demandas de habitación, mediante un programa de seguridad social para la vivienda de los trabajadores en consecuencia se constituye un fondo especial en el que participen los patronos, los trabajadores y el Estado. O.C.

Contenido;
DECRETO Nº 328.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I.- Que el artículo 148 de la Constitución Política declara de interés social la construcción de viviendas, y que es obligación del Estado procurar que el mayor número de familias lleguen a ser propietarias de su vivienda, como condición indispensable para alcanzar una existencia digna;
II.- Que el problema habitacional de los trabajadores se agudiza cada vez más, por lo que es urgente afrontarlo adecuadamente creando los medios legales y económico-financieros, necesarios al desarrollo de un programa de seguridad social para la vivienda, que conforme al artículo 186 de la Constitución Política, constituye un servicio público de carácter obligatorio;
III.- Que para satisfacer las demandas de habitación, el programa de seguridad social para la vivienda de los trabajadores, requiere la movilización de recursos cuantiosos, por lo que debe constituirse un fondo especial en el que participen los patronos, los trabajadores y el Estado;

POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa del Presidente de la República, por medio de los Ministros de Economía y de Trabajo y Previsión Social, y oída la opinión de la Corte Suprema de Justicia.
DECRETA la siguiente:

LEY DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
CAPITULO I
CREACION, OBJETO Y NATURALEZA DEL FONDO

CREACION
Art. 1.- Se instituye el “Fondo Social para la Vivienda” como un programa de desarrollo de seguridad social.
PERSONALIDAD JURIDICA, DOMICILIO
Art. 2.- El Fondo Social para la Vivienda es una Institución de Crédito, Autónoma, de Derecho Público, con personalidad jurídica, sin más limitaciones que las que emanen de esta ley y tendrá su domicilio en la ciudad de San Salvador, pudiendo establecer agencias, sucursales y dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. (3)
En el contexto de esta ley y los reglamentos respectivos el “Fondo Social para la Vivienda” podrá denominarse únicamente el “Fondo”.
OBJETO
Art. 3.- El “Fondo” tendrá por objeto contribuir a la solución del problema habitacional de los trabajadores, proporcionándoles los medios adecuados para la adquisición de viviendas cómodas, higiénicas y seguras.
CAMPO DE APLICACION
Art. 4.- Las disposiciones de esta ley se aplican a todos los patronos y trabajadores sea cual fuere el tipo de relación laboral que los vincule y la forma en que se haya establecido la remuneración. No obstante, será por medio de los reglamentos que se determinará el tiempo y forma en que, las diferentes clases de trabajadores se irán incorporando a este programa de seguridad social.
El campo de aplicación podrá ampliarse oportunamente a favor de los trabajadores que no dependan de un patrono.
RELACION DEL “FONDO”
Art. 5.- El Fondo se relacionará con los Organos del Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas. (7) (8)

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22
Ene

LEY DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR

   Posteado por: admin   en leyes

a las:8:31 am

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Nombre: LEY DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR

Materia: Derecho Administrativo Categoría: Derecho Administrativo
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 258    Fecha:28/05/1992
D. Oficial: 104    Tomo: 315    Publicación DO: 08/06/1992
Reformas: (3) D.L. N° 822, del 19 de abril del 2002, publicado en el D.O. N° 89, Tomo 355, del 15 de mayo del 2002.
Comentarios: La creación del Fondo Nacional de Vivienda Popular tiene por finalidad la construcción de viviendas para las clases más necesitadas de la población salvadoreña, por ello se genera la Ley orgánica que regula dicha finalidad y la estructura, y competencia.

Contenido;
DECRETO Nº 258.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I.- Que el Art. 119 de la Constitución de la República declara de interés social la construcción de viviendas y establece que el Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda;
II.- Que siendo la vivienda una necesidad fundamental de la familia, lograr su satisfacción es un elemento vital para construir una sociedad de paz, por lo que resulta necesario dotar al país de mecanismos e instrumentos financieros y sociales que faciliten el acceso a la vivienda a las clases más necesitadas de la población;
III.- Que el problema habitacional de los sectores más necesitados de la población ha agudizado, como consecuencias de la situación política, económica y social que ha vivido el país, por lo que es urgente reestructurar la actividad gubernamental de este sector, mediante la readecuación de sus instituciones que bajo criterio de eficiencia administrativa, asegure una igualdad de oportunidades para el acceso a una solución habitacional a las familias de más bajos ingresos;
IV.- Que corresponde al estado servir como facilitador para que las Instituciones Financieras, las Organizaciones Sociales, los Gobiernos Locales y la empresa privada constribuyan a resolver el problema habitacional de las familias e bajos recursos, alentando la movilización de los ahorros internos como fundamento a la estrategia de financiamiento habitacional;
V.- Que en ese sentido se estima indispensable crear un ente que en forma ordenada consolide las funciones básicas que las Instituciones Públicas dedicadas al sector, han venido desarrollando hasta la fecha e integre los recursos públicos disponibles a fin de facilitar el logro de los objetivos nacionales en materia de vivienda;

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de los Ministros de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social, y de Obras Públicas,
DECRETA, la siguiente:

LEY DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR
TITULO PRIMERO
DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR
CAPITULO I
CREACION, OBJETO Y FUNCIONES

CREACION
Art. 1.- Créase el Fondo Nacional de Vivienda Popular, como una institución pública, de crédito, de carácter autónomo, con personería jurídica, patrimonio propio y duración indefinida.
Tendrá su domicilio en la ciudad de San Salvador, podrá establecer y mantener agencias, sucursales o corresponsalías en cualquier lugar de la República o en el extranjero.
Se relacionará con el Organo Ejecutivo y demás Organos e Instituciones del Estado por medio del Titular del Ramo, que de acuerdo al Reglamento Interno del Organo Ejecutivo, sea responsable de la Política de Vivienda.
En el texto de esta Ley, la institución se llamará simplemente “el Fondo”.
OBJETO FUNDAMENTAL
Art. 2.- El Fondo tiene por objeto fundamental facilitar a las familias salvaoreñas de más bajos ingresos el acceso al crédito que les permita solucionar su problema de vivienda, y procurar las condiciones más favorables para el financiamiento habitacional de interés social.
Para los efectos de esta Ley, se entenderán familias de más bajos ingresos, aquellas cuyo ingreso mensual sea inferior o igual al monto de cuatro salarios mínimos del comercio e industria. (2)
ATRIBUCIONES

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21
Ene

LEY DEL REGISTRO Y CONTROL ESPECIAL DE CONTRIBUYENTES AL FISCO

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LEY DEL REGISTRO Y CONTROL ESPECIAL DE CONTRIBUYENTES AL
FISCO

Materia: Derecho Registral Categoría: Derecho Registral
Origen: MINISTERIO DE HACIENDA Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 79 Fecha:22/08/72
D. Oficial: 165 Tomo: 236 Publicación DO: 06/09/1972
Reformas: (1) D.L. Nº 59, del 7 de septiembre de 1982, publicado en el D.O. Nº 171, Tomo 276,
del 17 de septiembre de 1982.
Comentarios: D.L. Nº 79, del 22 de agosto de 1972, publicado en el D.O. Nº 165, Tomo 236, del
6 de septiembre de 1972.
Contenido;
LEY DEL REGISTRO Y CONTROL ESPECIAL DE CONTRIBUYENTES AL FISCO
INICIO DE NOTA
Por Decreto Legislativo Nº 451, del 22 de febrero de 1990, publicado en el Diario Oficial Nº 56,
Tomo Nº 306, del 7 de marzo del mismo año, se creó la Dirección General de Impuestos Internos,
en sustitución de las Direcciones Generales de Contribuciones Directas e Indirectas, por lo que es
la nueva Dirección General, la encargada de la Administración del Registro y Control Especial de
Contribuyentes al Fisco.
FIN DE NOTA
DECRETO Nº 79.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que para lograr los objetivos primordiales que persigue la Administración Tributaria, es
indispensable adoptar los procedimientos mecánicos que garanticen, con mayor eficacia, el control
de los contribuyentes, mediante el procesamiento de datos empleando equipos electrónicos;
II.- Que para el funcionamiento de un sistema de tal naturaleza, es necesario armonizar la
información tributaria asignándose un número permanente a cada uno de los contribuyentes al
Fisco y facilitar asi su identificación y el registro único de todas las personas naturales o jurídicas
obligadas a tributar;
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio
del Ministro de Hacienda,
DECRETA la siguiente
LEY DEL REGISTRO Y CONTROL ESPECIAL DE CONTRIBUYENTES AL FISCO
Art. 1.- Se establece el Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco, en el cual deberán
inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, los fideicomisos y las sucesiones que están
obligados al pago de los impuestos de Renta, Vialidad Serie “A”, Alcabala, Donaciones,
Sucesiones, Matrícula de Comercio y de Timbres, de importación y exportación, de matrícula de
vehículos automotores y cualquier otra contribución fiscal que requiera, por Ley o Reglamento la
obligación de estar inscrito.
Art. 2.- El Registro que por este Decreto se establece; estará bajo la dirección y responsabilidad
del Ministerio de Hacienda, por lo que se faculta a este para su organización, funcionamiento y
emisión de las disposiciones reglamentarias correspondientes y garantizar la seguridad y eficiencia
del mismo Registro. (**) VER NOTA AL FINAL DE ESTA LEY.
Art. 3.- Todos los organismos, dependencias del Gobierno Central, Instituciones Oficiales
Autónomas, Semi- autónomas, empresas estatales y municipales, así como también todas las
personas naturales o jurídicas, están obligadas a proporcionar los datos e informes necesarios que
les sean requeridospor las autoridades del Registro, salvo las excepciones legales.
Art. 4.- A las personas inscritas en dicho Registro, se les asignará un numero de identificación
tributaria (NIT), el cual se hará de su conocimiento proporcionándoles una tarjeta que contendrá los
datos necesarios para su identificación.
Se establece el derecho de dos colones (¢ 2.00) por la extensión de cada tarjeta de identificación
tributaria, y por la reposición del referido documento el de cuatro colones (¢ 4.00), derechos que
serán pagados mediante timbres fiscales que deberán adherirse al correspondiente formulario de
solicitud de inscripción o reposición, que proporcionarán las oficinas receptoras de tales
documentos.(1)
Art. 5.- El NlT será de uso obligatorio para quienes se encuentren comprendidos en el Art. 1 de
esta Ley. Deberán consignarlo en todas las gestiones que efectúen en las dependencias del Poder
Ejecutivo, según lo determine el Reglamento respectivo.
Art. 6.- Los organismos o dependencias del Estado obligados por esta Ley a exigir el número de
identificación tributaria en las gestiones o actos a que se refiere el artículo anterior, incorporarán en
sus propios registros y archivos dicho número y los demás datos para la completa identificación del
contribuyente, usuario o gestor.
Art. 7.- El que rindiere datos falsos o se negare abstuviere de proporcionarlos a los encargados del
Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco en los organismos o dependencias a que se
refiere esta Ley, serán sancionados con una multa de cinco a quinientos colones, de acuerdo con
la capacidad económica del infractor o a la gravedad de la infracción, multa que determinará y hará
efectiva en forma gubernativa el Ministerio de Hacienda.

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