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24
Nov

LEY DE MEDIACION, CONCILIACION Y ARBITRAJE

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Nombre: LEY DE MEDIACION, CONCILIACION Y ARBITRAJE

Materia: Derecho Civil Categoría: Derecho Civil
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 914    Fecha:11/07/2002
D. Oficial: 153    Tomo: 356    Publicación DO: 21/08/2002
Reformas: (1) Decreto Legislativo No. 728, de fecha 15 de octubre de 2008, publicado en el Diario Oficial No. 211, Tomo 381 de fecha 10 de noviembre de 2008.
Comentarios: La creación de la presente Ley tiene por objeto fomentar dentro de la cultura jurídica el crecimiento de los intereses en la solución de diferencias, por medio del diálogo y la utilización de medios alternativos. Para que esto procree la búsqueda de soluciones creativas y ágiles en asuntos civiles o comerciales; con el fortalecimiento de las figuras de mediación, conciliación y arbitraje.

Contenido;
DECRETO No. 914.-

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

CONSIDERANDO:

I. Que nuestra Constitución establece en el Artículo 23 que ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles o comerciales por transacción o arbitramento;
II. Que es conveniente fomentar dentro de la cultura jurídica el acercamiento de los interesados en la solución de sus diferencias, por medio del diálogo y la utilización de medios alternativos, que a su vez permitan la búsqueda de soluciones creativas y ágiles a los asuntos tratados, con sencillez y mayor privacidad;
III. Que si bien la legislación vigente reconoce algunos medios de solución alternativos de diferencias, éstos no han tenido el adecuado desarrollo, por lo que se vuelve necesario fortalecer tales figuras, especialmente la relativa a la mediación, conciliación y arbitraje;

POR TANTO,
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Gobernación y de los Diputados Ciro Cruz Zepeda Peña, Julio Antonio Gamero Quintanilla, René Napoleón Aguiluz Carranza, Rubén Orellana Mendoza, Rosario del Carmen Acosta, Wilfredo Iraheta Sanabria, José Antonio Alamendaris Rivas, Rafael Edgardo Arévalo Pérez, José Orlando Arévalo Pineda, Nelson Edgardo Avalos, Rodrigo Avila Avilés, Juan Miguel Bolaños Torres, Carlos Antonio Borja Letona; Isidro Antonio Caballero Caballero, Mario Tenorio, Mauricio Membreño, Roberto d’Aubisson Munguía, Jesús Guillermo Pérez Zarco, Juan Duch Martínez, Carmen Córdova, Rigoberto Trinidad, Nelson Funes, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Elizardo González Lovo, Noé Orlando González, Elmer Roberto Charlaix, Manuel Durán, Gustavo Chiquillo, Mauricio Hernández Pérez, Vicente Menjívar, Francisco Alberto Jovel Urquilla, Carlos Mauricio Arias, Mauricio López Parker, Efigenio Márquez, Alejandro Dagoberto Marroquín, Juan Ramón Medrano Guzmán, William Eliú Martínez, José Francisco Merino López, José Luis Sánchez, Mariella Peña Pinto, Francisco Flores Zeledón, Ernesto Iraheta, José Mauricio Quinteros Cubías, Carlos Armando Reyes Ramos, Horacio Humberto Ríos Orellana, Héctor Nazario Salaverría Mathies, Gerardo Antonio Suvillaga García, David Humberto Trejo, Enrique Valdez Soto, Saúl Alfonso Monzón, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Fabio Balmore Villalobos Membreño, Roberto Villatoro, Martín Francisco Antonio Zaldívar Vides, Ernesto Angulo, Alba Teresa de Dueñas, Héctor Alfredo Guzmán, Emilio Guzmán y Alfredo Arbizú.
DECRETA LA SIGUIENTE:

LEY DE MEDIACION, CONCILIACION Y ARBITRAJE
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto de la Ley
Art. 1.- Esta ley establece el régimen jurídico aplicable al arbitraje, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales vigentes.
Asimismo, reconoce la eficacia de otros medios alternativos de solución de diferencias, que facultativamente pueden adoptar las personas naturales o jurídicas capaces, en asuntos civiles o comerciales, sobre los cuales tengan la libre disposición de sus bienes y que sean susceptibles de transacción o desistimiento.
Medios Alternativos de Solución de Diferencias
Art. 2.- Cuando en forma distinta de la prescrita en esta Ley dos o más personas, pacten la intervención dirimente de uno o más terceros y acepten expresa o tácitamente su decisión, después de emitida, el acuerdo será válido y obligatorio para las partes si en él concurren los requisitos necesarios para la validez de un contrato.
Definiciones
Art. 3.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

a) Mediación: Un mecanismo de solución de controversias a través del cual, dos o más personas tratan de lograr por sí mismas las solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado que se denomina mediador;
b) Conciliación: Un mecanismo de solución de controversias a través del cual, dos o más personas tratan de lograr por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda del Juez o árbitro, según el caso, quien actúa como tercero neutral, y procura avenir los intereses de las partes;
c) Arbitraje; Un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, difieren su solución a un tribunal arbitral, el cual estará investido de la facultad de pronunciar una decisión denominada laudo arbitral;
d) Convenio Arbitral: Es el acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan llegar a surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica, de naturaleza contractual o extracontractual;
e) Tribunal Arbitral: Significa tanto un solo Arbitro como una pluralidad de árbitros;
f) Arbitraje ad-hoc: Aquél en el cual las partes acuerdan autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su controversia;
g) Arbitraje o Mediación Institucional; Aquél en el que las partes se someten a un procedimiento establecido por el respectivo Centro de Arbitraje o de Mediación, autorizado de conformidad a esta ley;
h) Arbitraje Internacional: El que se da en cualquiera de los siguientes casos:

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2
Jul

LEY DE CASACION

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Nombre: LEY DE CASACION

Materia: Derecho Civil Categoría: Derecho Civil
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 1135 Fecha:31/08/1953
D. Oficial: 161 Tomo: 160 Publicación DO: 04/09/1953
Reformas: (3) D.L. N° 914, del 11 de julio del 2002, publicado en el D.O. N° 153, Tomo 356, del 21 de agosto del 2002.
Comentarios: La casación es el recurso que se interpone contra las sentencias definitivas de los tribunales inferiores revocándolas o anulándolas y su fin es unificar jurisprudencia para que contenga verdadera seguridad jurídica, por lo tanto corresponde a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia conocer en los recursos de casación civil, mercantil y laboral y a la Sala de lo Penal en los recursos de casación penal.
L.C.

Contenido;
DECRETO Nº 1135.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia,
DECRETA la siguiente

LEY DE CASACION
CAPITULO I

ARTICULO PRELIMINAR.- Corresponde a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia conocer en los recursos de casación civil, mercantil y laboral y a la Sala de lo Penal en los recursos de casación penal. (2)
Cuando la Cámara de Segunda Instancia conozca en primera instancia, y una de las Salas de la Corte falle en segunda, del recurso de casación conocerá la Corte en pleno, con exclusión, desde luego, de los Magistrados que integraban la Sala cuando la sentencia de segunda instancia fue pronunciada.(2)

CAPITULO II
DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE EL RECURSO DE CASACION EN LO CIVIL

Art. 1.- Tendrá lugar el recurso de casación en los casos determinados por esta ley:

1º- Contra las sentencias definitivas y las interlocutorias que pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, pronunciadas en apelación por las Cámaras de Segunda Instancia;
2º- Contra las pronunciadas en asuntos de jurisdicción voluntaria, cuando no sea posible discutir lo mismo en juicio contencioso;
3º- DEROGADO. (2) (3)

Art. 2.- Deberá fundarse el recurso en alguna de las causas siguientes:

a) Infracción de Ley o de doctrina legal;
b) Quebrantamiento de alguna de las formas esenciales del juicio;
c) DEROGADO. (3)

Art. 3.- El recurso por infracción de ley o doctrina legal tendrá lugar por los motivos siguientes:

1º- Cuando el fallo contenga violación de ley o de doctrina legal. La ley a que aquí se hace referencia puede ser aún la procesal, cuando ésta afecte el verdadero fondo del asunto de que se trate. Hay violación cuando se deja de aplicar la norma que debía aplicarse, haciéndose una falsa elección de otra. Se entiende por doctrina legal la jurisprudencia establecida por los tribunales de Casación, en tres sentencias uniformes y no interrumpidas por otra en contrario, siempre que lo resuelto sea sobre materias idénticas en casos semejantes; (2)
2º- Cuando el fallo se base en una interpretación errónea de ley o de doctrina legal, y aún siendo ley procesal cuando ésta afecte el verdadero fondo del asunto de que se trate; (2)
3º- Cuando no obstante haber el juzgador seleccionado e interpretado debidamente la norma aplicable y calificado y apreciado correctamente los hechos; la conclusión contenida en el fallo no sea la que razonablemente corresponda; (2)
4º- Si el fallo fuere incongruente con las pretensiones deducidas por los litigantes, otorgue más de lo pedido o no haga declaración respecto de algún extremo; (2)
5º- Por contener el fallo disposiciones contradictorias; (2)
6º- Por ser el fallo contrario a la cosa juzgada sustancial, o en él se resolviere algún asunto ya terminado en primera instancia; por deserción o desistimiento, siempre que dichas excepciones se hubieren alegado oportunamente; (2)
7º- Cuando hubiere abuso, exceso o defecto de jurisdicción por razón de la materia. (2)
8º- Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho; o error de hecho, si éste resultare de documentos auténticos, públicos o privados reconocidos, o de la confesión cuando haya sido apreciada sin relación con otras pruebas.(2)

Art. 4.- El recurso por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, tendrá lugar:

1º- Por falta de emplazamiento para contestar la demanda o para comparecer en Segunda Instancia.
2º- Por incompetencia de jurisdicción no prorrogada legalmente.
3º- Por falta de personalidad en el litigante o en quien lo haya representado.
4º- Por falta de recepción a prueba en cualquiera de las Instancias, cuando la ley lo establezca.
5º- Por denegación de pruebas legalmente admisibles y cuya falta ha producido perjuicios al derecho o defensa de la parte que la solicitó.
6º- Por falta de citación para alguna diligencia de prueba, cuya infracción ha causado perjuicio al derecho o defensa de la persona en cuyo favor se estableciere.
7º- Por haberse declarado indebidamente la improcedencia de una apelación, ya sea de oficio o por virtud de un recurso de hecho.
8º- Por haber concurrido a dictar sentencia uno o más Jueces, cuya recusación, fundada en causa legal e intentada en tiempo y forma, hubiese sido declarada con lugar, o se hubiere denegado siendo procedente.
9º- Por no estar autorizada la sentencia en forma legal.

Art. 5.- No se autoriza el recurso por infracción de ley o de doctrina legal, ni por quebrantamiento de forma, en los juicios verbales.
En los juicios ejecutivos, posesorios y demás sumarios y diligencias de jurisdicción voluntaria, cuando sea posible entablar nueva acción sobre la misma materia, sólo procederá el recurso por quebrantamiento de forma, con excepción de los sumarios que niegan alimentos, en los que, además, procederá el recurso por infracción de ley o de doctrina legal.
Art. 6.- No procederá el recurso contra las resoluciones de las Cámaras de Segunda Instancia pronunciadas en recursos de revisión, salvo que se resuelva sobre puntos sustanciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en el fallo, o en manifiesta contradicción con éste.
Art. 7.- Para admitir el recurso por quebrantamiento de forma, es indispensable que la parte que lo interponga haya reclamado la subsanación de la falta, haciendo uso oportunamente dentro del respectivo procedimiento, de los recursos que deben conocerse por un tribunal inmediato superior en grado, salvo que el reclamo hubiere sido imposible o no existiere recurso.(2)

MODO DE PROCEDER

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29
Jun

CODIGO CIVIL

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Nombre: CODIGO CIVIL

Materia: Derecho Civil Categoría: Derecho Civil
Origen: ORGANO EJECUTIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Ley
Nº: S/N Fecha:23/08/1859
D. Oficial: Tomo: Publicación DO:
Reformas: (24) D.L. N° 512, del 11 de noviembre del 2004, publicado en el D.O. N° 236, Tomo 365, del 17 de diciembre del 2004.
Comentarios: En virtud de Ley con fecha 4 de febrero de 1858, se facultó al Órgano Ejecutivo para que este nombrara la comisión ad-hoc responsable de redactar el nuevo Código Civil, misma que redactó el presente cuerpo normativo, en franca armonía con la Legislación Española que en la época regía al país, dando como resultado la emisión del Decreto Ejecutivo de Fecha 23 de agosto de 1859 que incorporó al ordenamiento jurídico los 2435 artículos comprendidos en los 44 títulos de que constaban los cuatro libros del código en mención, ordenándose por Decreto Ejecutivo de fecha 10 de abril de 1860, el día 1 de mayo del mismo año como fecha oficial para su publicación en cada uno de los pueblos, villas y ciudades de El Salvador, según consta en la Gaceta Oficial número 85, tomo 8, de fecha 14 de abril de 1860.

Contenido;
GERARDO BARRIOS,
General de División y Senador
encargado de la Presidencia de la República de El Salvador,

POR CUANTO:
Habiendo examinado detenidamente el Código Civil, redactado por la comisión nombrada de conformidad con la ley de 4 de febrero de 1858, revisado y reformado por otra comisión compuesta de dos miembros de la primera y tres jurisconsultos más: y hallándose en armonía con la legislación española que ha regido al país y adecuado a los usos y costumbres dominantes;
POR TANTO:
Usando de la autorización que la citada ley confiere al Ejecutivo;
DECRETA:
Art. 1.- Los 2435 artículos comprendidos en los 44 títulos de que constan los cuatro libros del siguiente Código, son las únicas leyes vigentes en materia civil, que rigen en la República.
Art. 2.- El referido Código Civil se imprimirá y circulará a quienes corresponda en la forma acostumbrada.
Dado en San Salvador, a 23 de agosto de 1859.

G. Barrios.

El Ministro de Relaciones Exteriores,
encargado del Ministerio de Gobernación,

M. Irungaray.
En la Gaceta Oficial de 19 de mayo de 1860, se registra un decreto declarando las erratas del Código Civil, y entre las correcciones está la del Art. 1o. del presente decreto, en esta forma:
“Art. 1o.- Los 2435 artículos comprendidos en el Título Preliminar y en los 103 títulos de que constan los cuatro libros del siguiente Código, son las únicas leyes vigentes en materia civil que rigen en la República.
Y el 14 de abril del citado año se publicó un decreto ordenando la promulgación de este Código en los pueblos de la República el 1o. de mayo; entrando en vigor a los 30 días de esta fecha.
Tomado de EL CODIGO CIVIL, del año de 1860 con sus Modificaciones hasta el Año de 1911, por el doctor Belarmino Suárez.
Decreto del Gobierno, fijando día para la promulgación del Código Civil salvadoreño, y disponiendo la manera de su distribución en la República.
MINISTERIO DE GOBERNACION.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:
Que llegada a esta capital la edición impresa en los Estados Unidos del “Código Civil” decretado para El Salvador el 23 de agosto de 1859, es necesario desde luego fijar un día para que en él sea promulgado simultáneamente en todos los pueblos de la República, evitando así disputas y cavilosidades ulteriores sobre el día en que comience a regir en toda ella; ha tenido a bien decretar y
DECRETA:
Art. 1o.- El primero de mayo próximo entrante se publicará en cada uno de los pueblos, villas y ciudades de El Salvador, el “Código Civil” decretado el 23 de agosto último.
Art. 2o.- Los Gobernadores Departamentales inmediatamente que reciban este decreto, enviarán por el número de ejemplares que necesiten para repartirlos a todas las Municipalidades de sus respectivas jurisdicciones, como también a los Administradores de Rentas, a todo empleado civil que goce sueldo de 400 pesos anuales inclusive arriba y a los Comandantes Generales, los de Puerto y Jueces Militares.
Art. 3o.- Por cada ejemplar de dicho “Código Civil”, se cobrará indefectiblemente y sin excepción alguna la cantidad de ocho pesos, satisfaciéndolos las Municipalidades de sus fondos y descontándose a los empleados de sus respectivos sueldos por mitad en dos mensualidades.
Art. 4o.- Los Gobernadores Departamentales harán que las Municipalidades, dentro de quince días después de recibido el ejemplar correspondiente del “Código Civil”, satisfagan su importe en la Gobernación, la cual remitirá a la Tesorería General dentro de cuarenta días de la fecha de este decreto, el producto total de los ejemplares repartidos a dichas corporaciones.
Art. 5o.- La Tesorería General se hará cargo de todos los ejemplares del precitado “Código Civil”, los repartirá a las Gobernaciones de departamento, dará sus órdenes para que los Administradores de Rentas descuenten a los empleados civiles y a los militares que corresponda, el valor del ejemplar que hayan recibido y hará que dichos Administradores de Rentas enteren también el importe de sus respectivos ejemplares junto con el producto que hayan descontado, entendiéndose lo mismo con los Administradores de Aduanas, quienes descontarán a los empleados cuyos sueldos pagan, lo que corresponda por el Código Civil.
Dado en San Salvador, a diez de abril de mil ochocientos sesenta.
Gerardo Barrios.
El Ministro de Gobernación:
Manuel Irungaray.

Gaceta Oficial No. 85 – Tomo 8 del 14 de abril de 1860.

CODIGO CIVIL
TITULO PRELIMINAR
CAPITULO I
DE LA LEY

Art. 1.- La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohibe o permite.
Art. 2.- La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella.
Art. 3.- Sólo al legislador corresponde explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. La interpretación auténtica de la Constitución y de las leyes constitutivas, para ser obligatoria, deberá hacerse de la manera establecida en los artículos 148 y 149 de la Constitución.
Art. 4.- Las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería, del Ejército y Armada y demás especiales, se aplicarán con preferencia a las de este Código.
Art. 5.- La Corte Suprema de Justicia, en uso de la iniciativa de ley que le concede la Constitución, dará cuenta al Cuerpo Legislativo en cada una de sus sesiones ordinarias, de las dudas y dificultades que le hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que haya notado en ellas, proponiendo los correspondientes proyectos de ley.

CAPITULO II
PROMULGACION DE LA LEY

Art. 6.- La ley obliga en el territorio de la República en virtud de su solemne promulgación y después de transcurrido el tiempo necesario para que se tenga noticia de ella.
Esto mismo se aplica a los reglamentos, decretos y demás disposiciones de carácter general, emanados de la autoridad legítima en el ejercicio de sus atribuciones.
La publicación deberá hacerse en el periódico oficial, y la fecha de la promulgación será, para los efectos legales de ella, la fecha de dicho periódico.
Art. 7.-
Publicada la ley en la residencia del Gobierno, se entenderá que es conocida de todos los habitantes de la República, y se mirará como obligatoria después de doce días contados desde la fecha de su promulgación.
Podrá, sin embargo, restringirse o ampliarse este plazo en la ley misma, si ésta fuere de carácter transitorio, designándose otro especial. En las leyes de carácter permanente, podrá ampliarse, pero no restringirse.
Art. 8.- No podrá alegarse ignorancia de la ley por ninguna persona, después del plazo común o especial, sino cuando por algún accidente grave hayan estado interrumpidas durante dicho plazo las comunicaciones ordinarias entre el lugar de la residencia del Gobierno y el departamento en que debe regir.
En este caso dejará de correr el plazo por todo el tiempo que durare la incomunicación.

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5
Jun

LEY DE PROPIEDAD INMOBILIARIA POR PISOS Y APARTAMIENTOS

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Nombre: LEY DE PROPIEDAD INMOBILIARIA POR PISOS Y APARTAMIENTOS

Materia: Derecho Civil Categoría: Derecho Civil
Origen: DIRECTORIO CIVICO MILITAR DE EL SALVADOR Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Ley
Nº: 31 Fecha:21/02/1961
D. Oficial: 40 Tomo: 190 Publicación DO: 27/02/1961
Reformas: (4) D.L. Nº 62, del 22 de agosto de 1974, publicado en el D.O. Nº 174, Tomo 244, del 19 de septiembre de 1974.
Comentarios: Esta ley implanta en el país el sistema denominado de propiedad horizontal que permitirá al Estado a través del Instituto de Vivienda Urbana, desarrollar sus actividades con mayor amplitud y eficacia, sino que habrá de constituir al mismo tiempo, un nuevo estímulo para que la empresa privada pueda participar activamente en un programa de construcciones de viviendas y de toda clase de edificios. OC.

Contenido;
DECRETO Nº 31.
EL DIRECTORIO CIVICO MILITAR DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I- Que es deber del Estado fomentar la construcción de viviendas, proporcionando los medios adecuados para que ello se realice no sólo por las instituciones oficiales que tienen a su cargo ese programa especial de construcciones, sino también mediante la iniciativa privada;
II- Que de acuerdo con el Art. 148* de la Constitución Política, el Estado debe procurar que el mayor número de familias salvadoreñas sean propietarias de su vivienda, y en ese sentido se hace necesario legislar para implantar en el país el sistema denominado de propiedad horizontal, mediante el cual los diversos pisos de un edificio y los apartamientos en que se divide cada piso, pueden pertenecer a distintas personas, quienes conservan en comunidad el suelo en que están construídos dichos edificios, con lo cual tienen mayores oportunidades para la recuperación de los capitales invertidos;
* Este artículo tiene su equivalente en el Art. 119 de la Constitución de 1983.
III- Que este sistema de propiedad a que se refiere el Considerando anterior, no sólo permitirá que el Estado a través del Instituto de Vivienda Urbana, desarrolle sus actividades con mayor amplitud y eficacia, sino que habrá de constituir al mismo tiempo, un nuevo estímulo para que la empresa privada pueda participar activamente en un programa de construcciones de viviendas y de toda clase de edificios;

POR TANTO,
en uso de sus facultades legales y oído el parecer de la Corte Suprema de Justicia,
DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA: la siguiente

LEY DE PROPIEDAD INMOBILIARIA POR PISOS Y APARTAMIENTOS
CAPITULO I
CONSTITUCION DE LA PROPIEDAD POR PISOS Y APARTAMIENTOS

Art. 1.- Los diversos pisos de un edificio, los apartamientos en que se divide cada piso y los apartamientos de un edificio de una sola planta, siempre que sean independientes y tengan salida directa a la vía pública o a un espacio común que conduzca a dicha vía, podrán pertenecer a distintas personas, de conformidad a las disposiciones de la presente ley. (1)
Art. 2.- Cuando se proyecte construir un edificio dentro del régimen de esta ley, el propietario lo manifestará a la Dirección General de Urbanismo y Arquitectura al presentar los planos respectivos, a fin de que dicha oficina lo tenga en cuenta para los efectos de la aprobación correspondiente. En los planos se designarán numéricamente los pisos y apartamientos.
Art. 3.- Terminada la construcción y aprobada que sea por la autoridad respectiva, deberán presentarse al Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas que corresponda:

a) Los planos a que se refiere el artículo anterior;
b) Certificación de haberse aprobado la construcción;
c) Permiso de ocupación;
d) Testimonio de la escritura pública que deberá otorgar el propietario del inmueble contentiva de la descripción del terreno en que está construido el edificio, con especificación de éste, de sus pisos o apartamientos, de su número, extensión y medida cúbica y proporción del valor de cada piso o apartamiento con respecto al valor total del inmueble; de las cosas que se destinan a ser propiedad privativa y la enumeración de todas las que tengan el carácter de comunes. Deberá indicarse también el destino general del edificio y el especial de cada piso o apartamiento, en su caso;
e) El Reglamento de Administración que formulará el propietario del edificio en escritura pública y que debe contener las materias indicadas en el artículo 26 de esta ley, el cual será obligatorio para todos los propietarios y sus sucesores a cualquier título, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 25.

El régimen a que se refiere esta Ley podrá también constituirse aunque el edificio no esté construido, siempre que el propietario de un terreno cumpla con los requisitos del presente artículo, con excepción de los comprendidos en los literales b) y c) del inciso anterior, los cuales se llenarán al estar terminada la construcción del edificio, debiendo presentarse en su oportunidad las constancias respectivas al Registro de la Propiedad. En el caso contemplado en este inciso el régimen se considerará firme desde el momento en que se constituya un derecho real sobre todo o parte del terreno y el edificio por construir, o desde que se venda o transfiera alguno de los pisos o apartamientos proyectados.
En todo caso el testimonio de la escritura se inscribirá en el Registro de la Propiedad para que la nueva inscripción sirva de base a las enajenaciones, transmisiones y gravámenes posteriores. Con los otros documentos se formará un expediente que se conservará en dicho Registro, para consulta de los interesados.
Toda modificación que el propietario del edificio hiciere a las materias especificadas en la letra d) de este artículo, deberá hacerse constar en escritura pública que se otorgará previo consentimiento del acreedor si lo hubiere, y se inscribirá en el Registro de la Propiedad Raíz. (1)
Art. 4.- Si se tratare de enajenar pisos o apartamientos de un edificio construido originariamente con fines diferentes a los que regula la presente ley, deberá solicitarse a la Dirección General de Urbanismo y Arquitectura, la declaración de que dicho edificio reune los requisitos necesarios, y aquella oficina otorgará la aprobación o recomendará las modificaciones que considere oportunas.
La aprobación deberá presentarse al Registro correspondiente con los otros documentos a que se refiere el artículo anterior.
Art. 5.- En el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas se inscribirán asimismo los instrumentos en que se reconozca, transfiera, modifique o cancele el dominio o cualquier otro derecho real sobre los pisos o apartamientos de un edificio, una vez llenados los requisitos a que se refieren los artículos anteriores, y siempre que los datos contenidos en las escrituras concuerden con los que existan en poder de dichas oficinas, no siendo necesario describir todo el inmueble, pues bastará citar su inscripción.
Siempre que se haga una inscripción de los instrumentos a que se refiere el inciso anterior, se pondrá al margen de las inscripciones a favor del propietario del edificio y de la escritura pública a que alude la letra d) del artículo 3 una nota en que se exprese brevemente los actos afectuados. (1)

CAPITULO II
DETERMINACION DE LAS COSAS PRIVATIVAS Y COMUNES

Art. 6.- Cada propietario, además de serlo exclusivamente de su piso o apartamiento, tendrá derecho como comunero sobre el terreno en que el edificio esté construido y sobre todo lo que sea de uso común del edificio o necesario para su existencia, seguridad y conservación. Se consideran comunes, además del terreno:

a) Los cimientos y estructuras resistentes, la techumbre, los vestíbulos generales, las escaleras y puertas de entrada general;
b) Los locales e instalaciones de servicios generales como calefacción, agua caliente o fría, refrigeración, gas, obras sanitarias, líneas de conducción de energía eléctrica, etc.;
c) Los locales para alojamiento del portero y la portería;
d) Los garages generales, sótanos y azoteas generales, salvo pacto en contrario;
e) Los buzones para el correo, ascensores, montacargas e incineradores de residuos, los patios, jardines, y en general, las cosas o instalaciones para el servicio de todos los propietarios.

Art. 7.- También pertenecerán en comunidad a los propietarios de pisos o apartamientos de un edificio, los corredores, pasillos, terrazas, salidas a la escalera o a los ascensores, y todo aquello que se destine al uso general de los ocupantes de dicho edificio. (1)

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15
Abr

LEY DE INQUILINATO

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inquilino

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Nombre: LEY DE INQUILINATO

Materia: Derecho Civil Categoría: Derecho Civil
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 2591    Fecha:18/02/1958
D. Oficial: 35    Tomo: 178    Publicación DO: 20/02/1958
Reformas: (9) D.L. Nº 641, del 29 de noviembre de 1990, publicado en el D.O. Nº 286, Tomo 309, del 20 de diciembre de 1990.
Comentarios: Con el fin de mantener un equilibrio en cuanto al inquilinato se refiere, es necesario la creación de medidas convenientes y disposiciones que controlen y administren los intereses de las partes en el contrato de arrendamiento para viviendas, los arrendamientos de casas o locales para escuelas públicas o privadas los derechos de las partes, protegiendo a los inquilinos contra el alza inmoderada de los alquileres.
L.C.

Contenido;
Decreto Nº 2591.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I- Que la demanda de casas para alquiler desde hace varios años excede en notable proporción a su oferta, lo cual ha originado en el país un estado de desequilibrio en cuanto a inquilinato se refiere, que es necesario corregir dictando las medidas convenientes;
II- Que conforme al Artículo 136 de la Constitución Política, que “garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social”, es evidente el deber y el derecho del Estado, para intervenir por medio de regulaciones especiales, a efecto de balancear, en cuanto sea posible, los intereses de las partes en el contrato de arrendamiento para viviendas; y, por razones de índole diferente, en los arrendamientos de casas o locales para escuelas públicas o privadas;
III- Que la vigente Ley de Inquilinato no responde cumplidamente a las finalidades para las que fué decretada, y su aplicación, por el contrario, ha creado un clima de injusticia ya que, sin proteger adecuadamente al inquilino cumplidor de sus obligaciones, desampara al propietario frente a la malicia del inquilino moroso;
IV- Que es, pues, urgente sustituir la mencionada Ley por una que armonice de modo justo y efectivo los derechos de las partes, protegiendo a los inquilinos contra el alza inmoderada de los alquileres; pero garantizando al mismo tiempo a los propietarios de inmuebles urbanos el cobro rápido de los cánones respectivos;
V- Que la experiencia ha demostrado que las leyes dictadas en el país, para regular la materia de inquilinato, aún cuando fueron emitidas como leyes transitorias, su vigencia se ha conservado indefinidamente, con lo cual se reconoce la existencia de una prolongada situación de desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas. En consecuencia, la nueva ley no debe regir para un plazo determinado; pero, por otra parte, es prudente prever que, tan pronto desaparezca dicho estado de desequilibrio, debe ser reformada, pues el derecho a la libre contratación constituye el mejor sistema para regular la oferta y la demanda en las relaciones económicas normales;

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa del Presidente de la República por medio de su Ministro de Justicia y oído el parecer de la Corte Suprema de Justicia,
DECRETA, la siguiente

LEY DE INQUILINATO
CAPITULO I
ALCANCES DE LA LEY

Art. 1.- La presente Ley se aplicará al arrendamiento y subarrendamiento de casas y locales que se destinen:

a) Para vivienda;
b) Para instalar en ellos un establecimiento comercial o industrial cuyo activo no exceda de quince mil colones (¢15.000.00), siempre que el inquilino sea el dueño del negocio y habite permanentemente en el mismo edificio en piezas contiguas y comunicadas con el establecimiento de que se trate;
c) Para Centros Educativos dependientes del Ministerio de Cultura o de la Universidad de El Salvador, o en donde se imparta enseñanza sujeta al control o vigilancia de dichos organismos, o de cualquiera otro del Estado; y demás centros de difusión de la cultura y de espectáculos públicos legalmente autorizados; y (7)
d) Para oficinas públicas y de profesionales autorizados conforme a la ley, consultorios y clínicas.

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