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17
Dic

Reformas Código Penal (Presentación realizada el 14-12-09)

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En las propuestas de reformas al Código Penal no se está eliminado el procedimiento administrativo, es de señalar que eso ocurrió en la reforma del año
2004, pues actualmente existe una combinación; es decir, por ejemplo el delito de evasión de impuestos regulado en el artículo 249-A del Código Penal, establece 9 conductas que configuran el delito penal.

De las 9 conductas, 6 ya estamos facultados con la legislación actual para enviar los casos a la Fiscalía sin agotar el procedimiento administrativo siendo estas las siguientes:

A) Conductas que no necesitan agotar el procedimiento administrativo
1) Por no llevar registros contables y libros que exigen las leyes tributarias.

2) Llevar doble o múltiple contabilidad o facturación.

3 Presentar de con falsa.

4) Por destruir u ocultar documentos necesarios para determinar el impuesto.

5) No presentar 3 ó más declaraciones habiendo realiz ue generen el pago del .

6) Respaldar sus c gastos o compras en contratos falsos o inexistentes.
2

PROPUESTAS DE REFORMAS A CÓDIGO PENAL

Las 3 conductas en las

que el Código Penal actualmente nos obliga a terminar el

procedimiento administrativo son:

B) Conductas que necesitan agotar el procedimiento administrativo:

7) Presentar declaración de impuesto con información inexacta.

8 Presentar declaración de impuesto omitiendo declarar operaciones que generan el pago del impuesto.

9) Presentar declaración de impuesto con montos en concepto de costos, gastos, compras créditos que han .

Como podrá observar de las últimas 2 conductas del apartado B), la número 8 y 9) anulan impulsar los casos por declaración falsa, contenida en la conducta 3 del apartado A), que si faculta impulsar los casos sin agotar la vía administrativa, pero como la declaración falsa deviene de omitir declarar operaciones y por deducirse operaciones que no han acontecido, en ese sentido, la Admi se encuentra atada por la conductas.

Siendo la a para fortalecer la evasión de por presentación de declaración falsa.

3

PROPUESTAS DE REFORMAS A CÓDIGO PENAL

Con la reforma se está mejorando la redacción de las conductas y haciendo efectivo la aplicación del delito por declaración falsa, por ello ya no tiene sentido tener combinación conductas enviar la .

El otro requisito que deben cumplir es que el monto evadido debe ser de $34,
285.71 en adelante por ejercicio fiscal (Del 1 de enero al 31 de diciembre de un año) para el Impuesto sobre la Renta. Para IVA e impuestos específicos (Alcohol, tabaco, bebidas gaseosas) debe ser de $11,428.57 en adelante por mes.

Como observar se con presentes eliminando procedimiento administrativo eso se elimino en el 2004, lo que hemos hecho es eliminar el hueco que existe con las excepciones actuales para que no evadan la responsabilidad penal por declaración fa

4

PROPUESTAS DE REFORMAS A CÓDIGO PENAL

NUEVAS CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN DELITOS

Se penaliza a los contadores y auditores que participen en falsedad de documentos, actualmente ya están los funcionarios y empleados públicos, así como los notarios.

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Nombre: DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS

Materia: Derecho Penal Categoría: Derecho Penal
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 445 Fecha:31/10/2007
D. Oficial: 221 Tomo: 377 Publicación DO: 27/11/2007
Reformas: (1) Decreto Legislativo No. 769 de fecha 19 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial No. 224, Tomo 381 de fecha 27 de noviembre de 2008.
Comentarios: Por medio del presente Decreto, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena correspondiente, otorgará la libertad condicional a los condenados que a la fecha en que entre en vigencia el mismo cumplan o hayan cumplido ya la mitad de la condena impuesta, en los delitos cuyo límite máximo de prisión excede de tres años.

Contenido;
DECRETO No. 445.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que la Constitución en su Art. 27 establece que el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos.
II. Que como una medida coadyuvante para reducir el problema del hacinamiento humano en los centros penales del país, es necesario flexibilizar temporalmente los requisitos para otorgar beneficios penales como la libertad condicional.

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Federico Guillermo Ávila Quehl, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, José Mauricio Quinteros Cubías, Fernando Alberto Ávila Quetglas, Carmen Elena Calderón de Escalón, Wilfredo Iraheta Sanabria y Rodolfo Antonio Parker Soto; así como el apoyo de los Diputados Walter Eduardo Durán Martínez, José Antonio Almendáriz Rivas, Rolando Alvarenga Argueta, Carlos Walter Guzmán Coto, Luis Arturo Fernández Peña, Benito Antonio Lara Fernández, Ricardo Bladimir González, José Rafael Machuca Zelaya, Luis Roberto Angulo Samayoa, Arturo Argumedo, Oscar Abraham Kattán Milla, Douglas Alejandro Alas García, Rubén Antonio Álvarez Fuentes, Ingrid Berta María Bendix de Barrera; Patricia Carolina Costa de Rodríguez, María Patricia Vásquez de Amaya, Ana Vilma Castro de Cabrera, Carlos Samuel Díaz Gómez, Fernando Antonio Fuentes, César Humberto García Aguilera, Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Manuel Ernesto Antonio Iraheta Escalante, Mario Marroquín Mejía, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, José Gabriel Murillo Duarte, Renato Antonio Pérez, Julio César Portillo Baquedano, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Alberto Armando Romero Rodríguez, José Roberto Rosales González, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Alex René Aguirre Guevara, José Francisco Merino López, Alejandro Dagoberto Marroquín Cabrera, Rubén Orellana Mendoza, Mario Antonio Ponce López, Victoria Rosario Ruiz de Amaya, Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Herberth Nestor Menjívar Amaya, Irma Segunda Amaya Echeverría, José Salvador Arias Peñate, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, Humberto Centeno Najarro, Darío Alejandro Chicas Argueta, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto Estrada, José Ricardo Cruz, Antonio Echeverría Veliz, Enma Julia Fabián Hernández, Argentina García Ventura, José Cristóbal Hernández Ventura, Jorge Alberto Jiménez, Gladis Marina Landaverde Paredes, Hortensia Margarita López Quintana, Hugo Roger Martínez Bonilla, Vicenta Liliana Martínez Bernabé, Calixto Mejía Hernández, Marco Tulio Mejía Palma, Misael Mejía Mejía, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Orestes Fredesmán Ortez Andrade, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Gaspar Armando Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solís, Inmar Rolando Reyes, Ana Daysi Villalobos de Cruz, José Salvador Cardoza López, Santos Guevara Ramos, Carlos Rolando Herrarte Rivas, Julio Milton Parada Domínguez, Mauricio Ernesto Rodríguez, Sandra Marlene Salgado García, Ana Elda Flores de Reyna y Juan Pablo Durán Escobar.
DECRETA, las siguientes:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS

Art. 1.- El Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena correspondiente, otorgará la libertad condicional a los condenados que a la fecha en que entre en vigencia el presente decreto cumplan o hayan cumplido ya la mitad de la condena impuesta, en los delitos cuyo límite máximo de prisión excede de tres años, siempre que el condenado acredite los requisitos siguientes:

1- Que haya observado buena conducta y desarrollado actividades laborales, culturales, ocupacionales o de otra índole susceptible de igual valoración. El Equipo Técnico Criminológico del Centro Penitenciario colaborará con el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente para la acreditación de este requisito.
2- Que haya satisfecho las obligaciones civiles provenientes del hecho y determinadas por resolución judicial, garantice satisfactoriamente su cumplimiento o que demostrare incapacidad para su pago.

Art. 2.- Los internos mayores de setenta años de edad que no pudiesen valerse por sí mismos, tendrán derecho a obtener su libertad, previa evaluación médica realizada por facultativo del Instituto de Medicina Legal, en coordinación con el Equipo Técnico Criminológico del Centro Penitenciario, para ello, se realizará propuesta que se hará del conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente quien ordenará lo conducente:
Las personas que gozaren del beneficio a que se refiere el inciso anterior serán sometidas al control de la institución que designe el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena correspondiente.
Art. 3.- Los internos que se encuentren en fase terminal de vida a causa de enfermedades tienen derecho a que se decrete la extinsión de la pena, de conformidad con el Art. 108 del Código Penal.
Art. 4.- Dentro de las condiciones a que estará sujeta la libertad durante el período de prueba a que se refiere el Art. 87 del Código Penal, el liberado condicionalmente deberá participar en los programas de trabajo organizados por la Dirección General de Centros Penales.
Art. 5.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de estas disposiciones temporales las personas beneficiadas con la libertad condicional, a que se refiere los Arts. 1 y 2 de este Decreto que hubieren sido condenados por los delitos de homicidio agravado, secuestro, atentados contra la libertad individual agravados, extorsión simple o agravada, robo agravado, violación, violación en menor o incapaz, agresión sexual, agresión sexual en menor o incapaz, violación y agresión sexual agravada, envenenamiento, contaminación o adulteración de aguas y sustancias alimenticias, asociaciones ilícitas, delitos regulados en el Capítulo II del Título XVI del Libro Segundo del Código Penal, delitos relativos a la Hacienda Pública y los delitos regulados en el Capítulo IV de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas; así como, los casos a que se refiere el Art. 92-A del Código Penal y los internos bajo régimen de internamiento especial. Se exceptúa de la anterior exclusión, a los internos del sistema penitenciario que se encuentren ubicados o se ubiquen durante la vigencia del presente Decreto en las fases de confianza y semilibertad del régimen progresivo que establece la Ley Penitenciaria, que hubiesen además, cumplido con los requisitos expresados en el Art. 1 del presente Decreto.
Art. 6.- La Dirección General de Centros Penales levantará un censo de los internos a quienes se les pudiera aplicar los beneficios penitenciarios regulados en el presente decreto, en el plazo de un mes contados a partir de la vigencia de éste. La información de dicho censo será remitida en los cinco días hábiles siguientes a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena.
Con la información del censo o en cualquier momento en que se reciba una solicitud de otorgamiento de los beneficios del presente decreto, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena iniciará el trámite para la acreditación, de los requisitos regulados para cada beneficio penitenciario, lo cual deberá hacer en el plazo de dos meses. Transcurridos los cuales se celebrará una audiencia especial para decidir sobre el otorgamiento o no del beneficio.
En caso de necesitarse dictámenes parciales o técnicos, éstos deberán ser emitidos en un plazo no mayor de diez días hábiles.
Art. 7.- El otorgamiento de los beneficios penitenciarios de este Decreto no extingue la responsabilidad civil.
En los casos en que aún no se haya satisfecho la responsabilidad civil, en la audiencia especial, el interno deberá ofrecer mecanismos de garantís o satisfacción de la misma o demostrar la incapacidad de su cumplimiento. De no ser posible lo anterior, el Juez podrá otorgar el beneficio e imponer medidas tendentes a garantizar el eventual cumplimiento de la responsabilidad civil, so pena de revocar el beneficio otorgado.
Art. 8.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial y tendrá vigencia de un año. (1) NOTA
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil siete

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Nombre: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS DE REALIZACIÓN COMPLEJA

Materia: Derecho Penal Categoría: Derecho Penal
Origen: ÓRGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 190    Fecha:20/12/2006
D. Oficial: 13    Tomo: 374    Publicación DO: 22/01/2007
Reformas: (1) Decreto Legislativo No. 242 de fecha 15 de febrero de 2007, publicado en el Diario Oficial No. 31, Tomo 374 de fecha 15 de febrero de 2007.
Comentarios: La presente ley tiene como objeto regular y establecer la competencia de los tribunales especializados y los procedimientos para el juzgamiento de los delitos cometidos bajo la modalidad de crimen organizado o de realización compleja.

Contenido;
DECRETO Nº 190
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I. Que la Constitución establece como obligaciones del Estado proteger, conservar y defender el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad al trabajo, a propiedad y posesión de las personas.
II. Que en la actualidad, los delitos más graves que se cometen tanto en el ámbito nacional como internacional, revisten las características del crimen organizado o son de realización compleja. En consecuencia, es necesario regular un procedimiento especializado que con mayor celeridad y eficacia sancione tales hechos, así como establecer jueces y tribunales que atiendan con exclusividad este tipo de delitos, a los que se les deben brindar garantías y seguridad para minimizar la posibilidad de algún tipo de presión que ejerzan las estructuras de criminalidad organizada.

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Rubén Orellana Mendoza, Rolando Alvarenga Argueta, José Rafael Machuca Zelaya, José Antonio Almendáriz Rivas, Norman Noel Quijano González , Enrique Alberto Luis Valdés Soto y con el apoyo de los Diputados Douglas Alejandro Alas, Federico Guillermo Ávila Quehl, Fernando Ávila, Ingrid Bendix, Noel Abilio Bonilla, Carmen Elena Calderón de Escalón, José Ernesto Castellanos, Roberto José d´Aubuisson, Vilma de Cabrera, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García, Jesús Grande, Manuel Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Wilfredo Iraheta Sanabria, Mario Marroquín, Manuel Vicente Menjivar, Mariella Peña Pinto, Renato Pérez, Juan Enrique Perla, Julio César Portillo, Antonio Prudencio, José Mauricio Quinteros, Carlos Retana Martínez, Carlos Armando Reyes, Alberto Rivas, Abilio Orestes Rodríguez Menjivar, Alberto Armando Romero Rodríguez, Mario Alberto Tenorio, Donato Eugenio Vaquerano Rodríguez.
DECRETA la siguiente:

LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS DE REALIZACIÓN COMPLEJA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- La presente ley tiene como objeto regular y establecer la competencia de los tribunales especializados y los procedimientos para el juzgamiento de los delitos cometidos bajo la modalidad de crimen organizado o de realización compleja.
Se considera crimen organizado aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un grupo estructurado de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos.
Para los efectos de la presente Ley, constituyen delitos de realización compleja los enumerados a continuación, cuando se cumpla alguna de las circunstancias siguientes: Que haya sido realizado por dos o más personas, que la acción recaiga sobre dos o más victimas, o que su perpetración provoque alarma o conmoción social.
Dichos delitos son:

a) Homicidio simple o agravado;
b) Secuestro; y,
c) Extorsión.

Art. 2.- A los actos preparatorios, la proposición y la conspiración para cometer cualquiera de los delitos contemplados en la presente Ley, si no tuvieren sanción señalada especialmente, se les impondrá una pena que oscilará entre la tercera parte del mínimo y la tercera parte del máximo de la prevista para el delito respectivo.
Art. 3.- Los tribunales especializados a que se refiere la presente Ley tendrán su sede en las ciudades de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Su competencia se extenderá a los delitos cometidos en los departamentos de la circunscripción territorial siguiente:
Los tribunales especializados de San Salvador serán competentes respecto de Los delitos cometidos en los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, La Paz, Cabañas y Chalatenango.
Los tribunales especializados de Santa Ana serán competentes respecto de los delitos cometidos en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.
Los tribunales especializados de San Miguel serán competentes respecto de los delitos cometidos en los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán.
Dichos tribunales se organizarán de la siguiente manera: Juzgados Especializados de Instrucción, Tribunales Especializados de Sentencia y Cámaras Especializadas de lo Penal.
Los Juzgados Especializados de Instrucción y los juzgados Especializados de Sentencia podrán ser unipersonales o pluripersonales; y las Cámaras Especializadas de lo penal estarán compuestas de dos Magistrados.
Art. 4.- Corresponderá a la Fiscalía General de la República conforme a las diligencias de investigación, la determinación de la procedencia inicial del conocimiento de los delitos por tribunales comunes o especializados. Sin embargo, cuando los elementos recogidos durante la fase de instrucción determinen que el proceso debió iniciarse en un juzgado especializado se le remitirá de inmediato a éste. Asimismo, si el delito debió ser del conocimiento de los tribunales comunes, el juez especializado remitirá a éstos las actuaciones, adoptando previamente las decisiones urgentes sobre la investigación y la libertad del imputado.
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16
Jul

LEY PENITENCIARIA

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Nombre: LEY PENITENCIARIA

Materia: Derecho Penal Categoría: Derecho Penal
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 1027 Fecha:24/04/1997
D. Oficial: 85 Tomo: 335 Publicación DO: 13/05/1997
Reformas: (6) Decreto Legislativo No. 444 de fecha 31 de octubre de 2007, publicado en el Diario Oficial No. 221, Tomo 377 de fecha 27 de noviembre de 2007.
Comentarios: La presente Ley busca una organización efectiva y adecuada de los centros penales, para minimizar los efectos nocivos del encierro carcelario y a la vez evitar el fenómeno de reincidencia en los delincuentes. (VER NOTA AL FINAL)

Contenido;
DECRETO Nº 1027.-
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I.- Que de acuerdo a la Constitución de la República, el Estado reconoce a la persona humana como el origen y el fin de su actividad, por lo que está obligado a velar que toda persona sea respetada en todos sus derechos fundamentales, lo cual toma mayor relevancia cuando se encuentra sometida a detención provisional o a cualquier clase de pena privativa de libertad;
II.- Que de conformidad con el Art. 27 Inc. 3º de la Constitución de la República, es obligación del Estado organizar los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos;
III.- Que para cumplir el objetivo señalado en el considerando anterior, es necesario dictar una Ley Penitenciaria efectiva y adecuadamente estructurada, con instituciones idóneas para concretar su objetivo readaptador, que minimice los efectos nocivos del encierro carcelario y con esto el fenómeno de la reincidencia;

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Justicia, y de los Diputados María Marta Concepción Valladares Mendoza, José Daniel Vega Guerra, Renato Antonio Pérez, Juan Antonio Ascencio Oliva, Edgardo Humberto Zelaya Dávila, Vladimir Antonio Orellana Guerra, Elí Avileo Díaz Alvarez, José Alejandro Herrera Sánchez, José Armando Cienfuegos Mendoza, María Marta Gómez y Marcos Alfredo Valladares Melgar;
DECRETA: la siguiente,

LEY PENITENCIARIA
TITULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
CAPITULO I
FINALIDAD DE LA EJECUCION

Ámbito de aplicación
Art. 1.- La presente Ley regula la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad previstas en el Código Penal y las penas contempladas en las demás leyes especiales, así mismo la aplicación de la detención provisional.
Finalidad de la ejecución
Art. 2.- La ejecución de la pena deberá proporcionar al condenado condiciones favorables a su desarrollo personal, que le permitan una armónica integración a la vida social al momento de recobrar su libertad.
Función de las instituciones penitenciarias
Art. 3.- Las instituciones penitenciarias establecidas en la presente Ley, tienen por misión fundamental procurar la readaptación social de los condenados y la prevención de los delitos, así como la custodia de los detenidos provisionales.
Se consideran internos, todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad por aplicación de la detención provisional, de una pena privativa de libertad o de una medida de seguridad.

CAPITULO II
LEGALIDAD Y CONTROL JUDICIAL

Principio de legalidad
Art. 4.- La actividad penitenciaria se deberá fundamentar en la Constitución de la República, en esta Ley, en los reglamentos dictados conforme a ella y en las sentencias judiciales. Ningún interno podrá ser obligado a realizar una actividad penitenciaria, a omitir el ejercicio de un derecho, o a cumplir una medida disciplinaria, si esta restricción, mandato o medida no han sido previstos en aquellos.
Humanidad e igualdad
Art. 5.- Queda terminantemente prohibida la utilización de torturas y de actos o procedimientos vejatorios en la ejecución de las penas.
No se discriminará a ningún interno por razón de su nacionalidad, sexo, raza, religión, tendencia u opinión política, condición económica o social o cualquier otra circunstancia.
Principio de judicialización
Art. 6.- Toda pena se ejecutará bajo el estricto control del Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, y la Cámara respectiva, en su caso, quienes harán efectivas las decisiones de la sentencia condenatoria. El Juez también controlará el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario.
Es obligatorio garantizar la asistencia letrada de los internos durante los trámites jurídicos que se susciten en la etapa de ejecución penal, si el condenado no pudiere nombrar abogado.
Principio de participación comunitaria
Art. 7.- La Dirección General de Centros Penales deberá incluir en la planificación de actividades de educación, trabajo, asistencia y, en general, en cualquier actividad de la ejecución de la pena y medida de seguridad que lo permita, o durante la detención provisional, la colaboración y participación activa de patronatos y asociaciones civiles de asistencia.

CAPITULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTERNOS

Principio de afectación mínima
Art. 8.- Las medidas disciplinarias no contendrán más restricciones que las necesarias para conservar en armonía, la seguridad y la vida interna del centro. No se aplicarán cuando sea suficiente la amonestación privada.
Derechos de los internos
Art. 9.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República y otras disposiciones legales, todo interno dispondrá de los derechos siguientes:

1) A que el establecimiento donde esté guardando prisión, cuente con las instalaciones sanitarias y médicas mínimas, para garantizar la preservación de su vida, salud e integridad física. Estos servicios se deberán prestar en su caso, por el personal médico adecuado, de manera gratuita y oportuna;
2) A un régimen alimenticio suficiente para el mantenimiento de su salud;
3) A ser designado por su propio nombre. En caso de poseer documento de identidad, éste será conservado por la administración del centro, con obligación de proporcionárselo de inmediato al interno para la ejecución de cualquier acto que legalmente esté facultado; y si no lo tuviere, se velará por su obtención o reposición. La administración del centro extenderá a cada interno un documento de identificación;
4) Al respeto de su dignidad en cualquier situación o actividad;

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15
Jul

LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS

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Nombre: LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS

Materia: Derecho Penal Categoría: Derecho Penal
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 498 Fecha:2/12/1998
D. Oficial: 240 Tomo: 341 Publicación DO: 23/12/1998
Reformas: (1) D.L. Nº 1033, del 26 de abril de 2006, publicado en el D.O. Nº 95, Tomo 371, del 25 de Mayo de 2006.
Comentarios: La presente Ley busca regular por medio de medidas legales que toda inversión nacional como extranjera que se desarrolle en nuestro país sean con fondos de origen lícito. JL

Contenido;
DECRETO Nº 498.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I.- Que conforme al Decreto Legislativo No. 126, de fecha 30 de octubre de 1997, publicado en el Diario Oficial No. 227, Tomo No. 337 de fecha 4 de diciembre del mismo año, fue ratificado el Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos del Lavado de Dinero y de Activos Relacionados con el Tráfico ilícito de Drogas y Delitos Conexos;
II.- Que se impone la necesidad de adoptar las medidas legales a fin de que las inversiones nacionales como extranjeras que se hagan en nuestro país, lo sean con fondos que tengan origen licito;
III.- Que es una preocupación del Estado el crecimiento y auge de conductas delictivas, en las cuales los sujetos culpables de las mismas buscan y utilizan diversos mecanismos para darle una apariencia de legitimidad a las ganancias, bienes o beneficios obtenidos de la comisión de determinados delitos, a través de lo que se denomina como Lavado o Blanqueo de Dinero;
IV.- Que para lograr sus objetivos los delincuentes utilizan diversas entidades, especialmente las instituciones financieras para el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas, lo cual puede poner en peligro la solidez y la estabilidad de dichas Instituciones, así como la credibilidad del sistema financiero en su conjunto, ocasionando o pudiendo ocasionar la pérdida de confianza del público;
V.- Que el lavado de dinero influye de manera manifiesta en el aumento de la delincuencia organizada, por lo que es necesario combatir dicho delito, especialmente por medio de normas de carácter penal, las que deben ir acompañadas de medidas de vigilancia sobre el sistema financiero y otros entes afines, de manera que exista un control y seguimiento de las actividades de esas instituciones y sus usuarios.

POR TANTO,
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Justicia y de los Diputados Juan Duch Martínez, Gerson Martínez, Ciro Cruz Zepeda Peña, Ronal Umaña, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Julio Antonio Gamero Quintanilla, José Rafael Machuca Zelaya, Alfonso Aristides Alvarenga, Elvia Violeta Menjívar, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Rosario del Carmen Acosta, Herbert Mauricio Aguilar Zepeda, René Napoleón Aguiluz, Alex René Aguirre, José Antonio Almendariz Rivas, Walter René Araujo Morales, José Orlando Arévalo Pineda, Arturo Argumedo, Nelson Edgardo Avalos, Jorge Alberto Barrera, Donald Ricardo Calderón Lam, Eugenio Chicas Martínez, Isidro Antonio Caballero Caballero, Olme Remberto Contreras, Marta Lilian Coto, Luis Alberto Cruz, Roberto José D´Aubuisson Munguía, Ramón Díaz Bach, Carlos Alberto Escobar, René Mario Figueroa Figueroa, Hermes Alcides Flores Molina, Jesús Grande, Nelson Funes, Nelson Napoleón García, Mauricio González Ayala, Elizardo González Lovo, Román Ernesto Guerra Romero, Schafik Jorge Handal, José Ismael Iraheta Troya, José Roberto Larios, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Carlos Guillermo Magaña Tobar, Alejandro Dagoberto Marroquín, Alvaro Gerardo Martín Escalón, Juan Ramón Medrano Guzmán, José Manuel Melgar Henríquez, Raúl Mijango, María Isabela Morales Ayala, Julio Eduardo Moreno Niños, José Mario Moreno Rivera, Jorge Alberto Muñoz Navarro, María Ofelia Navarrete de Dubón, Roberto Navarro Alvarenga, Sigifredo Ochoa Pérez, Salvador Horacio Orellana Alvarez, Rúben Orellana, Oscar Samuel Ortiz Ascencio, Olga Elizabeth Ortiz Murillo, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Mariela Peña Pinto, Renato Antonio Pérez, Sílfide Marixa Pleitez de Ramírez, Norman Noel Quijano, José Mauricio Quinteros Cubías, Horacio Humberto Ríos Oreliana, Alejandro Rivera, Humberto Centeno, Abraham Rodríguez Rivera, David Rodríguez Rivera, René Oswaldo Rodríguez Velasco, Ileana Argentina Rogel de Rivera, Miguel Angel Sáenz Varela, José Mauricio Salazar Hernández, Kirio Waldo Salgado, Mercedes Gloria Salguero Gross, Julio Alfredo Samayoa, Roberto Serrano Alfaro, Wilber Ernesto Serrano Calles, María Marta Concepción Valladares, José Ricardo Vega Hernández, Sarbelio Ventura Cortez, Rubén Ignacio Zamora Rivas, María Elizabeth Zelaya Flores, Amado Aguiluz Aguiluz, Ernesto Iraheta Escalante y Gerardo Antonio Suvillaga.
DECRETA, la siguiente:

LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS.
CAPITULO I
OBJETO DE LA LEY

OBJETO DE LA LEY
Art. 1.- La presente Ley tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento.
SUJETOS DE APLICACIÓN DE LA LEY
Art. 2 La presente Ley será aplicable a cualquier persona natural o jurídica aún cuando esta última no se encuentre constituida legalmente.-
Las Instituciones y actividades sometidas al control de esta Ley, entre otras, son las siguientes:

a) Bancos nacionales y bancos extranjeros, las sucursales, agencias y subsidiarias de éstos;
b) Financieras;
c) Casas de Cambio de Moneda Extranjera;
d) Bolsas de Valores y Casas Corredoras de Bolsa;
e) Bolsas de Productos y Servicios Agropecuarios;
f) Importaciones o exportaciones de productos e insumos agropecuarios y de vehículos nuevos;
g) Sociedades e intermediarios de Seguros;
h) Sociedad Emisoras de Tarjetas de Crédito y grupos relacionados;
i) Instituciones y personas naturales que realizan transferencias sistemática o sustancial de fondos, incluidas las que otorgan préstamos;
j) Casinos y casas de juego;
k) Comercio de metales y piedra preciosas;
l) Transacciones de bienes raíces;
m) Agencias de viajes, transporte aéreo, terrestre y marítimo;
n) Agencias de envío y encomiendas;
o) Empresas constructoras;
p) Agencias privadas de seguridad;
q) Industria Hotelera; y
r) Cualquier otra Institución, Asociación, Sociedad Mercantil, grupo o conglomerado financiero.

Las instituciones a que se refieren los literales anteriores, en el texto de esta Ley se denominarán “Las Instituciones”.
UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA.
Art. 3.- Créase la Unidad de Investigación Financiera para el delito de lavado, como oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, que en el contexto de la presente Ley podrá abreviarse UIF. Los requisitos e incompatibilidades para pertenecer a la UIF, serán desarrollados en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CAPITULO II
DE LOS DELITOS

LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS.
Art. 4.- El que depositare, retirare, convirtiere o transfiriere fondos, bienes o derechos relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la Comisión de dichas actividades delictivas, será sancionado con prisión de cinco a quince años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales vigentes para el comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia correspondiente.
Se entenderá también por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de activos delictivas cometidas dentro o fuera del país.
En el caso de las personas jurídicas, las sanciones serán aplicadas a las personas naturales mayores de 18 años, que acordaron o ejecutaron el hecho constitutivo del lavado de dinero y de activos.
Las personas naturales que por sí o como representantes legales, informen oportunamente sobre las actividades y delitos regulados en la presente Ley, no incurrirán en ningún tipo de responsabilidad.
CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS
Art. 5.- Para los efectos penales se consideran también lavado de dinero y de activos, y serán sancionados con prisión de ocho a doce años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales, computados conforme a lo establecido en el Artículo anterior, los hechos siguientes:

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9
Jul

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS

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Nombre: LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS

Materia: Derecho Penal Categoría: Derecho Penal
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 153 Fecha:02/10/2003
D. Oficial: 208 Tomo: 361 Publicación DO: 07/11/2003
Reformas: (4) D.L. N° 1032, del 26 de abril del 2006, publicado en el D.O. N° 95, Tomo 371, del 25 de mayo del 2006.
Comentarios: La presente Ley busca la prevención del narcotráfico y drogadicción, así como el de controlar tipificando todas aquellas conductas criminógenas que atentan contra las bases económicas, sociales, culturales y políticas de nuestra sociedad por medio de las actividades relacionadas con las drogas.

Contenido;
DECRETO No. 153
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR.
CONSIDERANDO:

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 728 de fecha 5 de marzo de 1991, publicado en el Diario Oficial No. 52, Tomo 310 del 15 del mismo mes y año, se emitió Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.
II. Que la ley mencionada en el Considerando anterior, ha perdido actualidad y con el fin de adecuarla a la realidad actual y a los avances tecnológicos implementados por quienes se dedican a ejercer acciones que riñen con disposiciones contempladas en acuerdos o convenciones internacionales, se hace necesario emitir una nueva normativa que desarrolle los principios enunciados anteriormente.
III. Que por constituir la salud de los habitantes de la República un bien público, el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.
IV. Que es política del Estado salvadoreño, cumplir los acuerdos y convenios multilaterales en materia de drogas, suscritos y ratificados; en consecuencia las políticas y actividades que defina están orientadas al cumplimiento de los compromisos derivados de los mismos.
V. Que la drogadicción es un fenómeno que deteriora la salud física y mental de los habitantes de la República y es además, factor criminógeno que atenta contra las bases económicas, sociales, culturales y políticas de la sociedad.
VI. Que el combate y el control de las actividades ilícitas a las drogas es una forma de prevenir el problema de la drogadicción y para ello se hace necesario emitir disposiciones a erradicar tal actividad, y tipificar como delitos variadas conductas que se relacionan con ellas y que atentan contra el principio citado en el considerando tercero.

POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la ex Diputada Rosario Acosta
DECRETA:

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS
DISPOSICIONES GENERALES, ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS Y EJECUTORES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO DE LA LEY.-
Art. 1.- El objeto de la presente Ley, es normar las actividades relativas a las drogas, que se relacionan con los aspectos siguientes:

a) El cultivo, producción, fabricación, extracción, almacenamiento, depósito, transporte, adquisición, enajenación, distribución, importación, exportación, tránsito y suministro.;
b) El establecimiento y organización de entidades que implementen medidas encaminadas a prevenir, tratar y rehabilitar a aquellas personas que se han vuelto adictas; así como normar las actividades relativas a éstas;
c) La posesión, tenencia, dispensación y consumo;
d) El Combate y sanción de los hechos que constituyan delito o infracciones administrativas a la misma;
e) La investigación científica y estudios especializados en la materia.

DROGAS
Art. 2.- Para los efectos de esta Ley se considera drogas las sustancias especificadas como tales en los Convenios Internacionales ratificados por El Salvador, las que se mencionan en el Código de Salud y demás leyes del país; y en general, las que indistintamente de su grado de pureza, actúan sobre el sistema nervioso central y tienen la capacidad de producir transformaciones, bien sea aumentando o disminuyendo su funcionamiento o modificando los estados de conciencia y que su uso indebido puede causar dependencia o sujeción física y psicológica.
También se consideran drogas las semillas, florescencias, plantas o parte de ellas y cualquier otra sustancia que se utilicen como materia prima para la purificación, modificación o fabricación de drogas.
Las bebidas alcohólicas, el tabaco, y los solventes e inhalantes, no obstante estar enmarcadas dentro de esta materia, serán reguladas por leyes especiales.
PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES
Art. 3.- Queda prohibida toda actividad relacionada contra las plantas o sustancias de las siguientes categorías:

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16
Jun

LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

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Nombre: LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

Materia: Derecho Penal Categoría: Derecho Penal
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 1029 Fecha:26/04/2006
D. Oficial: 95 Tomo: 371 Publicación DO: 25/05/2006
Reformas: S/R
Comentarios: La presente Ley tiene por objeto regular las medidas de protección y atención que se proporcionarán a las víctimas, testigos y cualquier otra persona que se encuentre en situación de riesgo, como consecuencia de su intervención en la investigación de un delito o en un proceso judicial.

Contenido;
DECRETO No. 1029.-
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I. Que la Constitución reconoce que la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado y, además, que todas las personas son titulares de una esfera jurídica individual que se conforma, entre otros, por los derechos a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.
II. Que la realidad salvadoreña actual evidencia la necesidad que las víctimas, testigos y otras personas que intervienen en la investigación del delito o en procesos judiciales, así como sus familiares y otras que se encuentran vinculadas con ellas, deben ser protegidas para evitar que sean vulneradas en sus derechos y garantizar la eficacia del juzgamiento.
III. Que para los efectos anteriores es necesario establecer las medidas de protección y atención a las personas a que se refiere el considerando precedente, así como las entidades públicas encargadas de otorgar, dar seguimiento, modificar y suprimir tales medidas, en un marco jurídico que posibilite la implementación de un programa integral de protección para dichas personas, a fin de garantizarles los derechos que a todos los individuos otorga la Constitución.

POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Gobernación y de los Diputados Ciro Cruz Zepeda Peña, José Antonio Almendáriz Rivas, René Napoleón Aguiluz Carranza, Carlos Mauricio Arias, Elizardo González Lovo, Salomé Roberto Alvarado Flores, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo Samayoa, José Orlando Arévalo Pineda, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Isidro Antonio Caballero Caballero. José Ernesto Castellanos Campos, Héctor David Córdova Arteaga, Héctor Miguel Antonio Dada Iréis, Agustín Díaz Saravia, Roberto José D´Aubuisson Murguía, Jorge Antonio Escobar Rosa, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gomero Quintanilla, Vilma García Gallegos de Monterrosa, César Humberto García Aguilera, Nicolás Antonio García Alfaro, Noé Orlando González, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña Pinto, Mauricio Hernández Pérez, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Salvador Rafael Morales, Teodoro Pineda Osorio, Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Ileana Argentina Rogel Cruz, Federico Guillermo Ávila Quehl, Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Oscar Abraham Kattan Milla, José Máximo Madriz Serrano, Alberto Armando Romero Rodríguez, Alba Teresa González de Dueñas, Mario Alberto Tenorio, Rigoberto Trinidad Aguilar, Alexander Higinio Melchor López, Manuel de Jesús Aguilar Sosa, Hipólito Baltazar Rodríguez, Saúl Alfonso Monzón, Oiga Elizabeth Ortiz.
DECRETA, la siguiente:

LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS
Capítulo I
Ámbito de Aplicación

Objeto de la Ley
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto regular las medidas de protección y atención que se proporcionarán a las víctimas, testigos y cualquier otra persona que se encuentre en situación de riesgo o peligro, como consecuencia de su intervención en la investigación de un delito o en un proceso judicial.
Sujetos
Art. 2.- Las medidas de protección y atención previstas en la presente Ley, se aplicarán a las víctimas, testigos u otras personas que se encuentren en riesgo o peligro por su intervención directa o indirecta con la investigación de un delito, en un proceso judicial o por su relación familiar, con la persona que interviene en éstos.
Principios
Art. 3.- En la aplicación de la presente Ley, se tendrán en cuenta especialmente los principios siguientes:

a) Principio de Protección: Toda autoridad, judicial o administrativa deberá considerar primordial la protección de la vida, integridad física y moral, libertad, propiedad y seguridad de las personas a que se refiera la presente Ley.
b) Principio de Proporcionalidad y Necesidad: Las medidas de protección y atención que se ordenen en virtud de la presente Ley, deberán responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria de las mismas, y sólo podrán ser aplicadas en cuanto fueren necesarias para garantizar su seguridad.
c) Principio de Confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas a que se refiere esta Ley deberá ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo, salvo los casos exceptuados por la presente Ley.

Definiciones
Art. 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

a) Situación de riesgo o peligro. Consiste en la existencia razonable de una amenaza o daño para la vida, integridad personal, libertad, patrimonio y demás derechos de las personas mencionadas en el artículo 2 de esta Ley.
b) Medidas de protección. Son las acciones o mecanismos tendentes a salvaguardar la vida, la integridad personal, la libertad, el patrimonio y demás derechos de la persona protegida. Estas medidas pueden ser: Ordinarias, extraordinarias y urgentes.
1) Medidas de protección ordinarias. Son las acciones encaminadas a preservar la identidad y localización de las personas protegidas.
2) Medidas de protección extraordinarias. Son las acciones que brindan seguridad integral a las personas protegidas, de manera temporal o definitiva, por condiciones de extremo peligro o riesgo.
3) Medidas de protección urgentes. Son las medidas ordinarias y extraordinarias que se aplican de manera inmediata y provisional, de acuerdo al riesgo o peligro, y que se brindan mientras se resuelve sobre la aplicación definitiva de las mismas.
c) Medidas de atención. Son aquellas acciones complementarias destinadas a preservar la salud física o mental de las personas protegidas, a satisfacer sus necesidades básicas y a proporcionarles asesoría jurídica oportuna.

Capítulo II
Organismos y sus Competencias

Comisión Coordinadora del Sector de Justicia
Art. 5.- La Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, en adelante la Comisión, además de las funciones y atribuciones que le señala su Ley Orgánica será el ente rector del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia
Art. 6.- La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, en adelante la Unidad Técnica, además de las funciones y atribuciones que le señala su Ley Orgánica, será el organismo administrador del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
Atribuciones de la Comisión
Art. 7.- La Comisión, en el marco de la presente Ley, tendrá las atribuciones siguientes:

a) Aprobar, brindarle seguimiento y evaluar el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, en adelante el Programa.
b) Evaluar el desempeño de los organismos intervinientes en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
c) Organizar la Unidad Técnica Ejecutiva para garantizar la aplicación de la presente Ley.
d) Crear los Equipos Técnicos Evaluadores que fueren necesarios por razones del servicio.
e) Someter a la aprobación del Presidente de la República los reglamentos que fueren necesarios para facilitar la ejecución de la presente Ley.
f) Conocer y resolver de los Recursos de Revisión que se interpongan en contra de resoluciones de la Unidad Técnica.
g) Las demás que esta Ley y su Reglamento le señalen.

Atribuciones de la Unidad Técnica
Art. 8.- La Unidad Técnica, en el marco de la presente Ley, tendrá las atribuciones siguientes:

a) Elaborar el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, en adelante el Programa y someterlo a la aprobación de la Comisión.
b) Conocer las solicitudes de medidas de protección y atención formuladas por el Órgano Judicial, la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Policía Nacional Civil, y el interesado.
c) Identificar, autorizar, implementar, modificar y suprimir las medidas de protección y atención destinadas a las personas que califiquen para recibir los beneficios del Programa, debiendo considerar para ello el dictamen de los Equipos Técnicos Evaluadores.
d) Organizar, dirigir y administrar los albergues o casas de seguridad, para brindar las medidas a que se refiere la presente Ley.
e) Encomendar, cuando fuere procedente, la ejecución material de las medidas de protección a la Unidad o Departamento correspondiente de la Policía Nacional Civil y, cuando se tratare de testigos privados de libertad, a la Dirección General de Centros Penales.
f) Requerir, cuando el caso lo amerite, a otras instituciones públicas los servicios para el cumplimiento de sus atribuciones, quienes deberán atenderlas en tiempo y forma, guardando la reserva que el caso requiera, so pena de responsabilidad.
g) Informar a las autoridades que hubieren solicitado la protección, sobre la modificación o supresión de todas o algunas de las medidas autorizadas.
h) Realizar pagos, celebrar contrataciones y autorizar erogaciones para el cumplimiento de sus funciones.
i) Proponer la creación de los Equipos Técnicos Evaluadores que fueren necesarios por razones del servicio.
j) Proponer la celebración de convenios de consulta y cooperación y mantener las relaciones a nivel nacional e internacional con organismos e instituciones públicas o privadas, para facilitar el cumplimiento de esta Ley. La Unidad Técnica coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores lo que fuere pertinente.
k) Las demás que la Comisión, esta Ley y su Reglamento le señalen.

Equipos Técnicos Evaluadores
Art. 9.- La Unidad Técnica estará apoyada por Equipos Técnicos Evaluadores, en adelante Equipos Técnicos, integrados por un miembro representante de la Policía Nacional Civil del nivel ejecutivo, un abogado, un psicólogo y un trabajador social.
A dichos equipos les corresponderá:

a) Emitir dictamen para el otorgamiento, modificación o supresión de las medidas de protección y de atención solicitadas.
b) Recomendar a la Unidad Técnica las medidas de protección y atención que considere técnicamente convenientes para cada caso.
c) Solicitar a las instituciones públicas o privadas la información necesaria para fundamentar con mayor acierto su dictamen.
d) Gestionar la asistencia necesaria para las personas sujetas a protección.
e) Cumplir con las demás actividades que la Unidad Técnica le encomiende.

Capítulo III
Clases y Medidas de Protección

Medidas de Protección Ordinarias
Art. 10.- Son medidas de protección ordinarias:

a) Que en las diligencias de investigación administrativas o de carácter judicial, no consten los datos generales de la persona protegida, ni cualquier otro que pueda servir para su identificación, pudiéndose utilizar para referirse a ellas un número o cualquier otra clave.
b) Que se fije la sede que designe la Unidad Técnica como domicilio de las personas protegidas, para efectos de citaciones y notificaciones.
c) Que las personas protegidas sean conducidas a cualquier lugar donde hubiere de practicarse alguna diligencia o a su domicilio, de la manera que disponga la Unidad Técnica.
d) Que durante el tiempo que las personas protegidas permanezcan en los lugares en que se lleve a cabo la diligencia, se les facilite un sitio reservado y custodiado.
e) Que las personas protegidas comparezcan para la práctica de cualquier diligencia, utilizando las formas o medios necesarios para imposibilitar su identificación visual.
f) Que la persona protegida rinda su testimonio en ambientes no formales, ni hostiles, y que se grabe su testimonio por medios audiovisuales para facilitar su reproducción en la vista pública cuando sea necesario o la persona no pudiere comparecer.
g) Que se cambie el número telefónico de la persona protegida.
h) Que se impida que la persona protegida sea fotografiada o se capte su imagen por cualquier otro medio.
i) Que se prohíba que cualquier persona revele datos que permitan identificar al protegido.
j) Cualquier otra que estuviere acorde a los principios establecidos en la presente Ley.

Medidas de Protección Extraordinarias
Art. 11.- Son medidas de protección extraordinarias las siguientes:

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Nombre: LEY SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS

Materia: Derecho Penal Categoría: Derecho Penal
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 2833 Fecha:24/04/1959
D. Oficial: 87 Tomo: 183 Publicación DO: 18/05/1959
Reformas: (4) D.L. Nº 372, del 19 de noviembre de 1992, publicado en el D.O. Nº 221, Tomo 317, del 1 de diciembre de 1992.
Comentarios: La presente Ley regula el procedimiento y sanciones a aquellos funcionarios públicos que desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, adviertan un aumento de capital notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente.

Contenido;
DECRETO Nº 2833.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

en uso de sus facultades constitucionales y oída la opinión de la Corte Suprema de Justicia,
DECRETA, la siguiente

LEY SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS
TITULO I
DE LAS PERSONAS SUJETAS A ESTA LEY

Art. 1.- La presente ley se aplica a los funcionarios y empleados públicos que en el texto de la misma se indican, ya sea que desempeñen sus cargos dentro o fuera del territorio de la República.
Art. 2.- Para los efectos de esta ley se consideran funcionarios y empleados públicos:

1º.- Las personas que con ejercicio de autoridad o jurisdicción o bien sin él, por elección popular, por elección de la Asamblea Legislativa, por nombramiento de autoridad competente o por designación oficial, participen de manera principal o secundaria en las funciones o actividades públicas de los organismos, dependencias o instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado o del Municipio. (3)
2º.- Las personas que de cualquier manera administren, manejen bienes o fondos del Estado o del Municipio, o dispongan de ellos ya sea por disposición de la ley, de los reglamentos o por designación oficial.

TITULO II
DE LA DECLARACION DE PATRIMONIOS

Art. 3.- Dentro de los sesenta días siguientes a que tomen posesión de sus cargos, los funcionarios y empleados públicos que esta Ley determina, deberán rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio, ante la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sección de Probidad. También deberán declarar el estado de su patrimonio, en la forma indicada, dentro de los sesenta días siguientes a partir de la fecha en que cesen en el ejercicio de sus respectivos cargos. Cuando el funcionario o empleado público radique o ejerza funciones en el interior de la República, podrá presentar su declaración ante el Juzgado de Primera Instancia con jurisdicción en materia Civil en el lugar donde radique o ejerza y en caso de existir más de uno de estos Tribunales en el que se designe con el número primero. Dicho Tribunal deberá remitirla a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo de tres días a partir de la fecha en que la haya recibido. (3)
Dichas declaraciones deberán ser presentadas personalmente por quien esté obligado, o debidamente autenticadas, o por medio de apoderado especialmente constituido y comprenderán una relación y estimación:

1ª.- De sus bienes y de los créditos a su favor o en su contra.
2ª.- De los bienes y de los créditos a favor o en contra de sus cónyuges y de sus hijos; pero cuando esto no le fuera posible por estar completamente fuera de su control dichos patrimonios, ya sea por encontrarse separado de su cónyuge o porque sus hijos estén fuera de su patria potestad o en otros casos semejantes, el funcionario o empleado público deberá manifestarlo en su declaración, indicando expresamente cual es el motivo que se lo impide. (1)
3ª.- De los salarios devengados, rentas obtenidas particularmente y de su procedencia, acciones y participaciones sociales propias y de sus parientes a quienes se refiere la fracción anterior, que perciban o posean dentro o fuera del territorio de la República. (3)

Con respecto a los bienes muebles destinados al uso privado o al consumo del declarante o de su familia, cuando su valor unitario no exceda de cien mil colones, bastará con indicar el valor en que se estimen en conjunto. Cuando el valor unitario de uno o algunos de dichos bienes exceda de la referida cantidad, deberá presentar una relación con identificación y precio de cada uno de éstos, indicando el valor en conjunto de los demás muebles. (3)
Art. 4.- En las declaraciones se observarán las siguientes normas:

1ª.- Cuando se declaren derechos sobre bienes inmuebles se indicará el número, folio y libro de la Oficina ante la cual se registró la adquisición, caso de estar inscritos;
2ª.- Cuando se declaren derechos no inscritos sobre bienes inmuebles o cualquier otra clase de derechos, se relacionará el documento que justifique su existencia;
3ª.- Cuando se trata de créditos o deudas se indicarán con toda precisión el documento constitutivo y la persona del acreedor o deudor;
4ª.- Cuando se trate de acciones o participaciones sociales, deberán identificarse con especificación de su cantidad, valor unitario o en su conjunto, números de orden, características e institución o sociedad en que las posean; (3)
5ª.- En todo caso deberá expresarse el nombre, edad, profesión u oficio, domicilio y Número de Identificación Tributaria del declarante, de su cónyuge y de sus hijos. (3)

Art. 5.- Están obligados a presentar declaración jurada del estado de su patrimonio, en la forma que indica el artículo tres de esta Ley, los siguientes funcionarios y empleados públicos:

1o.- Los Presidentes de los tres Organos del Estado;
2o.- El Vice-Presidente de la República, cuando no desempeñe otro cargo que le obligue a presentar declaración conforme a esta Ley;
3o.- Los Diputados a la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, propietarios y suplentes;
4o.- Los Ministros y Viceministros de Estado;
5o.- Los Secretarios de la Presidencia de la República;
6o.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, propietarios y suplentes; (1) (3)
7o.- Los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura;
8o.- Los Jefes de las Misiones Diplomáticas, los Funcionarios de las mismas y los Cónsules de la República, excepto los Ad-Honores;
9o.- El Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República;
10o.- El Fiscal General de la República y Fiscales Adjuntos;
11o.- El Procurador General de la República y Procuradores Adjuntos;
12o.- El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y Procuradores Adjuntos;
13o.- El Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, propietarios y suplentes; (2) (3)
14o.- Los Directores y Subdirectores Generales;
15o.- Delegados y Sub-delegados;
16o.- Los Presidentes, Directores y Gerentes de las Instituciones Oficiales Autónomas; (1) (3)
17o.- El Rector y Vice-rector de la Universidad de El Salvador, y Decanos de las distintas Facultades de ésta;
18o.- Los Miembros del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y los Peritos o Auditores Fiscales de la Dirección General de Impuestos Internos;
19o.- Los Administradores y Contadores Vista del Servicio de Aduanas;
20o.- Los Administradores de Rentas Departamentales;
21o.- Los Miembros de los Concejos Municipales;
22o.- Los Comandantes de Unidades Militares Superiores, Jefes de las mismas y Oficiales que desempeñen Funciones Administrativas de los mismos niveles y que manejen fondos del Estado;
23o.- Todos los funcionarios y empleados públicos, incluidos municipales, de Instituciones Oficiales Autónomas, de la Universidad de El Salvador y del Servicio Exterior, que manejen o intervengan en el manejo de fondos públicos o municipales o fondos particulares encomendados o administrados por el Estado, con excepción de aquéllos que manejen o intervengan en el manejo de fondos cuyo monto mensual no sea mayor de mil colones promedio y de aquéllos que desempeñen cargos Ad-Honores en entidades oficiales autónomas de utilidad pública o Asistencia Social;
24o.- Los demás funcionarios o empleados públicos, que sin estar comprendidos en los anteriores ordinales, pero estando contemplados en los artículos uno y dos de esta Ley, fueren requeridos por la Corte Suprema de Justicia directamente o por medio de la Sección de Probidad.

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14
Abr

LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO

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Nombre: LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO

Materia: Derecho Penal Categoría: Derecho Penal
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 108 Fecha:21/09/2006
D. Oficial: 193 Tomo: 373 Publicación DO: 17/10/2006
Reformas: S/R
Comentarios: La presente ley tiene como objeto prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos que se describen es ésta, así como todas sus manifestaciones, incluido su financiamiento y actividades conexas; que las mismas evidencien la intención de provocar estados de alarma, entre otros.

Contenido;
DECRETO No. 108
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I. Que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado y es su obligación asegurar a los habitantes el goce de la libertad, la seguridad jurídica y el bien común, de conformidad con la Constitución;
II. Que El Salvador es suscriptor de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la cual contiene principios fundamentales para los Estados, tales como mantener la paz y la seguridad internacional, su debido cumplimiento; así como de las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por las cuales se deben tomar medidas eficaces para prevenir, combatir y erradicar amenazas contra la paz, considerando entre las más graves al terrorismo y todas sus manifestaciones, incluyendo su financiamiento;
III. Que con similar propósito y dentro de la Organización de los Estados Americanos y los Foros Regionales de los cuales participa El Salvador, se han realizado esfuerzos conjuntos para que todos los Estados cuenten con una ley apropiada que sancione los delitos que fueren producto del terrorismo y sus manifestaciones, incluyendo su financiamiento y delitos conexos;
IV. Que actualmente el terrorismo constituye una grave amenaza para la seguridad del país, la paz pública y la armonía de los Estados, afectando directa e indirectamente a sus nacionales en su integridad física y moral, así como en la propiedad, posesión y conservación de sus derechos, lo que hace necesario la creación de una ley especial para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las actividades terroristas respondiendo a las circunstancias actuales y excepcionales que afectan a la comunidad internacional.

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Gobernación, y de los Diputados José Antonio Almendáriz Rivas, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, y el Diputado de la Legislatura 2003-2006, Ciro Cruz Zepeda Peña y con el apoyo de los Diputados: Rubén Orellana, José Rafael Machuca Zelaya, Rolando Alvarenga Argueta, Norman Noel Quijano, Enrique Valdés Soto, José Orlando Arévalo Pineda, María Julia Castillo, Juan Héctor Jubis Estrada, Alexander Melchor, Mario Antonio Ponce, Hipólito Baltazar Rodríguez, Roberto Carlos Silva, Douglas Alejandro Alas, Rubén Alvarez, Ernesto Angulo Milla, Guillermo Avila Quell, Fernando Avila Quetglas, Juan Miguel Bolaños, Ernesto Castellanos, Roberto José d´Abuisson, María Patricia Vásquez de Amaya, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gomero, Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez, Walter Guzmán Coto, Juan Carlos Hernández, Wilfredo Iraheta Sanabria, Mario Marroquín Mejía, Manuel Vicente Menjívar, Roberto de Jesús Menjívar, Jorge Ernesto Morán, Mariella Peña Pinto, Julio César Portillo, Antonio Prudencio, José Mauricio Quinteros, Alberto Rivas Echeverría, Santos Rivas Rivas, Alberto Romero, Mario Alberto Tenorio, Donato Eugenio Vaquerano y Martín Francisco Zaldivar.
DECRETA la siguiente:

LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO DE LA LEY
Art. 1.- La presente Ley tiene como objeto prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos que se describen en ésta, así como todas sus manifestaciones, incluido su financiamiento y actividades conexas, y que por la forma de ejecución, medios y métodos empleados, evidencien la intención de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, al poner en peligro inminente o afectar la vida o la integridad física o mental de las personas, bienes materiales de significativa consideración o importancia, el sistema democrático o la seguridad del Estado o la paz internacional; todo lo anterior, con estricto apego al respeto a los Derechos Humanos.
En ningún caso, los delitos comprendidos en la presente Ley, serán considerados políticos o conexos con políticos ni como delitos fiscales.
AMBITO DE APLICACIÓN
Art. 2.- Esta Ley se aplicará a los hechos punibles cometidos total o parcialmente en el territorio de la República o en los lugares sometidos a su jurisdicción.
También se aplicará a cualquier persona aún en lugar no sometido a la jurisdicción Salvadoreña, por delitos que afecten bienes jurídicos del Estado o de los habitantes de la República de El Salvador, o aquellos bienes jurídicos protegidos internacionalmente por pactos específicos o normas del derecho internacional.
RESPETO A LA SOBERANIA NACIONAL
Art. 3
.- La presente Ley se rige por el absoluto respeto a los principios de independencia y no intervención. Las acciones de cooperación que se lleven a cabo, se realizarán en el marco de dicho respeto. No se afectan los mencionados principios, cuando se realicen actividades policiales o de cualquier otro tipo, siempre que previamente hayan sido acordadas por las autoridades competentes correspondientes.

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