Post Etiquetados ‘DerechoAdministrativo’

elsalvadorleyes3

|Archivo RAR | Formato PDF | Tamaño 130 kb | El Salvador Leyes| Descarga Directa |

Nombre: LEY DE DISTINCIONES HONORÍFICAS, GRATIFICACIONES Y TÍTULOS

Materia: Derecho Administrativo Categoría: Derecho Administrativo
Origen: ORGANO JUDICIAL Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 154 Fecha:15/10/2009
D. Oficial: 213 Tomo: 385 Publicación DO: 13/11/2009
Reformas: S/R
Comentarios: La presente Ley tiene por finalidad promover, estimular y reconocer los aportes humanitarios, el desarrollo intelectual, las habilidades y los valores espirituales, cívicos y morales, que contribuyan al desarrollo o prestigio de la nación, potenciando la convivencia pacífica y solidaria entre los y las salvadoreñas.

Contenido;
DECRETO No. 154

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que de conformidad con la Constitución, corresponde a este Órgano del Estado: artículo 131, ordinal 5°, “decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias”; y, artículo 131, ordinal 22°, “conceder, a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a la Patria”.

II. Que la actual Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, no establece de manera suficiente requisitos formales básicos que comprueben datos generales, como nombre y nacionalidad de las personas naturales o la existencia legal de las personas jurídicas galardonadas, y no contiene elementos que doten de transparencia el proceso de evaluación y deliberación previa al otorgamiento de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones o Títulos; por lo que es indispensable establecer mecanismos a través de los cuales se acredite de manera fehaciente, que el o la futura galardonada hacen honor al mérito para el cual se proponen.

III. Que es facultad de este Órgano Legislativo, conferir la calidad de personas salvadoreñas por naturalización por servicios notables prestados a la República, siendo preciso homologar este otorgamiento de Nacionalidad por reconocimiento con el precepto constitucional respectivo, así como, establecer ciertos requisitos y formalidades que garanticen no sólo la identidad de la persona propuesta y la veracidad de estos servicios prestados, sino que además, la aceptación expresa de la persona a naturalizar.

IV. Que en virtud de lo antes expuesto, es procedente derogar el Decreto Legislativo No. 1050, de fecha 14 de noviembre de 2002, publicado en el Diario Oficial No. 239, Tomo No. 357, de fecha 18 de diciembre del mismo año, que contiene la actual Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados y Diputadas: Rubén Orellana, Karla Gisela Ábrego Cáceres, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Guillermo Francisco Mata Bennett, Rolando Mata Fuentes y Karina Ivette Sosa de Lara; y con el apoyo de los Diputados: Roberto José d’Aubuisson Munguía, Federico Guillermo Ávila Qüehl, Alberto Romero Rodríguez, Ernesto Antonio Angulo Milla, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Margarita Escobar, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, César Humberto García Aguilera, Eduardo Antonio Gomar Morán, José Nelson Guardado Menjívar, Rafael Eduardo Paz Velis, Mariela Peña Pinto, César René Florentín Reyes Dheming, David Ernesto Reyes Molina, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, Rodrigo Samayoa Rivas, Patricia María Salazar Mejía, Marcos Francisco Salazar Umaña, Misael Serrano Chávez, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Mario Eduardo Valiente Ortiz, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Guadalupe Antonio Vásquez Martínez y Donato Eugenio Vaquerano Rivas,

DECRETA:

Lea el resto de esta entrada »

Etiquetas:

elsalvadorleyes2

Nombre: DISPOSICIONES SOBRE EMBARGABILIDAD DE SUELDOS DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS (MEDIDAS PROTECTORAS DEL SALARIO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS)

Materia: Derecho Administrativo Categoría: Derecho Administrativo
Origen: MINISTERIO DE JUSTICIA Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 267 Fecha:22/02/63
D. Oficial: 39 Tomo: 198 Publicación DO: 26/02/1963
Reformas: (2) D.L. Nº 59, del 10 de octubre de 1978, P. D.O. Nº 211, Tomo 261, del 14 de noviembre de 1978.
Comentarios: La presente regulación establece las reglas para aplicar los descuentos en los sueldos de los empleados públicos y las pensiones originados por embargos.

Contenido;
DISPOSICIONES SOBRE EMBARGABILIDAD DE SUELDOS DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS (MEDIDAS PROTECTORAS DEL SALARIO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS.

DECRETO Nº 267.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I-Que es deber del Estado dictar las disposiciones necesarias que garanticen la percepción de los sueldos de sus empleados y de los que dependen de los Municipios, de las Instituciones Oficiales Autónomas y Semi Autónomas y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ya que en la mayoría de los casos, esos sueldos constituyen la única fuente de ingresos económicos de que disponen dichos empleados para su sostenimiento y el de sus familiares;

II-Que también merecen esa protección las personas que se encuentran pensionadas por el Estado o por los Municipios, pues los ingresos que perciben para su subsistencia, son generalmente exiguos;

III-Que el Código de Trabajo promulgado por Decreto Legislativo Nº 241 de 22 de enero del corriente año, publicado en el Diario Oficial Nº 22, Tomo 198, correspondiente al primero del presente mes (Segunda Publicación), deroga expresamente el Decreto Nº 123 del Directorio Cívico Militar de 25 de abril de 1961, publicado en el Diario Oficial de 5 de mayo del mismo año que contiene la Ley de Protección del Salario y el Decreto del mismo Directorio Nº 239 de 11 de agosto de 1961, publicado en el Diario Oficial de la misma fecha, que extiende los beneficios de dicha Ley a los Empleados al servicio del Estado y demás Instituciones a que se refiere el Considerando I, y, en consecuencia, vuelve inoperante el Decreto Legislativo Nº 22 de 6 de marzo de 1962, publicado en el Diario Oficial Nº 50, Tomo 194, correspondiente al 14 del mismo mes y año, el cual hacía extensiva la protección de la misma Ley derogada a aquellas personas que estén gozando o gocen en el futuro de pensiones concedidas por el Estado o por los Municipios;

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales a iniciativa conjunta del señor Presidente de la República por medio del Ministro de Justicia y de la Honorable Corte Suprema de Justicia,

DECRETA:

Art. 1.- Son inembargables los primeros cien colones del sueldo mensual que devenguen los funcionarios y empleados al servicio del Estado, de los Municipios, de las Instituciones Oficiales Autónomas o Semi-Autónomas y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social; y de las pensiones que estén gozando o gocen en el futuro los servidores del Estado o del Municipio.

Art. 2.- Los sueldos que excedan de cien colones al mes, podrán embargarse y la cantidad a descontar se calculará sobre la parte embargable del sueldo o pensión de conformidad a la siguiente escala:

a)- Si la cantidad embargable ascendiere hasta ø200.00, se descontará el 5%;

b)- Si la cantidad embargable ascendiere hasta ø400.00, se descontarán ø 10.00 más el 10% del excedente de ø 200.00;

c)- Si la cantidad embargable ascendiere hasta ø 600.00, se descontarán ø 30.00 más el 15% sobre el excedente de ø400.00;

d)- Si la cantidad embargable fuere de ø 600.00 en adelante, se descontarán ø 60.00 más el 20% sobre el excedente de ø600.00.

Art. 3.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando el empleado o pensionado contraiga deudas provenientes de créditos concedidos por el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, Bancos, Compañías Aseguradoras, Instituciones de Crédito o Sociedades Cooperativas, podrá extender autorización para que de su sueldo o pensión y en su nombre, se efectúen los descuentos necesarios para la extinción de tales deudas(2).

La autorización deberá otorgarse por escrito y en dos ejemplares; concedida, será irrevocable.

La Oficina o Institución que deba pagar el sueldo o pensión, al recibir copia del contrato respectivo y un ejemplar de la autorización, estará obligada a efectuar los descuentos y pagos correspondientes.

En el caso de que el empleado cambie de cargo, la nueva Oficina o Institución pagadora que recibiere comunicación en que se exprese la existencia, condiciones y estado del crédito y transcripción de la autorización, quedará obligada a efectuar los descuentos y pagos a que se refiere el inciso anterior.

En todo caso las cantidades señaladas en el contrato como cuotas de pago, no excederán del 20% del sueldo o pensión devengada en el o los períodos fijados para el pago.

Cuando las entidades mencionadas en el inciso primero, promovieren acción judicial, para el pago forzoso de obligaciones mutuarias contraídas por empleados o pensionados, no tendrá aplicación lo dispuesto en los dos artículos anteriores, pudiendo trabar embargo hasta en el 20% del sueldo o pensión, cualquiera que sea la cuantía de éstos.

Todas las disposiciones de este artículo serán aplicables a las obligaciones provenientes de contratos de seguros colectivos(1).

Art. 4.- Los embargos trabados y retenciones de sueldo o pensiones que se estuvieren practicando a la fecha en que entre en vigencia este Decreto, deberán sujetarse a él, sin necesidad de petición de parte, debiendo el Juez o funcionario competente librar las órdenes correspondientes.

Los embargos trabados a petición de las entidades a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, no estarán sujetos a lo dispuesto en el inciso que precede.

Art. 5.- Este Decreto prevalecerá sobre otras disposiciones legales que no estuvieren conformes con él; salvo en los casos de leyes especiales que establezcan mayores beneficios para el empleado o pensionado, en los que se aplicarán éstas.

Art. 6.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; PALACIO NACIONAL: San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y tres.

Lea el resto de esta entrada »

Etiquetas:

elsalvadorleyes9

|Archivo RAR | Formato PDF | Tamaño 140 kb | El Salvador Leyes| Descarga Directa |

Nombre: REGLAMENTO DE DOTACIÓN MINIMA

Materia: Derecho Administrativo Categoría: Reglamento
Origen: Autoridad Maritma Portuaria Estado: Vigente
Naturaleza :
Nº: Fecha:22/12/2008
D. Oficial: 25    Tomo: 382    Publicación DO: 06/02/2009
Reformas: S/R
Comentarios: El objetivo el presente Reglamento es el de establecer las normas y regulaciones para la dotación mínima de seguridad que deben llevar a bordo los buques o artefactos navales que enarbolen el pabellón nacional, asegurando su efectiva navegación y servicio en puerto.

Contenido;
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA
CONSIDERANDO:

I. Que según la Ley General Marítimo Portuaria, emitida mediante Decreto Legislativo Número 994 de fecha 19 de Septiembre del año 2002 publicada en el Diario Oficial Número 182, Tomo 357 del 1 de octubre del 2002, es competencia de la Autoridad Marítima Portuaria establecer reglas y procedimientos para garantizar la seguridad de la navegación.
II. Que el Artículo 73 de la Ley General Marítima Portuaria determina que la AMP, mediante reglamento respectivo, establecerá la dotación mínima que todo buque o artefacto naval deberá asignar para asegurar su efectiva navegación y servicio en puerto, con sus elementos fundamentales de seguridad y salvamento, así como para que operen normal y eficientemente en las actividades que el armador o explotador los destine.
III. Que Jos Convenios Internacionales sobre Seguridad Marítima emitidos por la Organización Marítima Internacional recomiendan a los Gobiernos contratantes a adoptar medidas que garanticen que los buques lleven dotación suficiente y competente.
IV. Que para garantizar la seguridad de la navegación y del buque en los espacios marítimos y acuáticos continentales, es requisito fundamental establecer la respectiva dotación mínima de seguridad.

POR TANTO:
El Consejo Directivo de la Autoridad Marítima Portuaria, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley General Marítimo Portuaria,
APRUEBA el siguiente

REGLAMENTO DE DOTACION MINIMA
CAPITULO I
DEL OBJETO Y ALCANCE

Artículo 1.- Objeto
Este Reglamento establece las normas y regulaciones para la dotación mínima de seguridad que deben llevar a bordo los buques o artefactos navales que enarbolen el pabellón nacional, para asegurar su efectiva navegación y servicio en puerto, con sus elementos fundamentales, de seguridad y salvamento, así como para que operen normal y eficientemente en las actividades que el propietario o armador los destine,
Artículo 2.- Definiciones
Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
AMP: Autoridad Marítima Portuaria
Armador: Es la persona que explota comercialmente o no un buque o un artefacto naval, y que resulta responsable de la navegación del mismo. En términos de propiedad, el armador puede, o no, ser el propietario del buque.
Artefacto Naval: Es todo aquel que no estando constituido o destinado para navegar, cumple en el agua funciones de apoyo y complemento a las actividades marítimas, fluviales, lacustre o de extracción de recursos, tales como diques, grúas, plataformas fijas o flotantes, balsas u otros similares. No se incluyen en este concepto las obras portuarias aunque se internen en el agua.
Lea el resto de esta entrada »

Etiquetas:

25
Ene

LEY DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

   Posteado por: admin    in leyes

elsalvadorleyes7

|Archivo RAR | Formato PDF | Tamaño 194kb | El Salvador Leyes| Descarga Directa |

Nombre: LEY DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

Materia: Derecho Administrativo Categoría: Derecho Administrativo
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 328 Fecha:17/05/1973
D. Oficial: 104 Tomo: 239 Publicación DO: 06/06/1973
Reformas: (9) D.L. Nº 45, del 30 de junio de 1994, publicado en el D.O. Nº 148, Tomo 324, del 15 de agosto de 1994.
La presente ley ha sido interpretada auténticamente por el D.L. N° 180 del 16 de diciembre de 1976, publicado en el D.O. Nº 1, Tomo 254, del 3 de enero de 1977.
Comentarios: El Fondo Social para la Vivienda contribuirá a la solución del problema habitacional de los trabajadores, proporcionándoles los medios adecuados para la adquisición de viviendas cómodas, higiénicas y seguras; satisfaciendo las demandas de habitación, mediante un programa de seguridad social para la vivienda de los trabajadores en consecuencia se constituye un fondo especial en el que participen los patronos, los trabajadores y el Estado. O.C.

Contenido;
DECRETO Nº 328.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I.- Que el artículo 148 de la Constitución Política declara de interés social la construcción de viviendas, y que es obligación del Estado procurar que el mayor número de familias lleguen a ser propietarias de su vivienda, como condición indispensable para alcanzar una existencia digna;
II.- Que el problema habitacional de los trabajadores se agudiza cada vez más, por lo que es urgente afrontarlo adecuadamente creando los medios legales y económico-financieros, necesarios al desarrollo de un programa de seguridad social para la vivienda, que conforme al artículo 186 de la Constitución Política, constituye un servicio público de carácter obligatorio;
III.- Que para satisfacer las demandas de habitación, el programa de seguridad social para la vivienda de los trabajadores, requiere la movilización de recursos cuantiosos, por lo que debe constituirse un fondo especial en el que participen los patronos, los trabajadores y el Estado;

POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa del Presidente de la República, por medio de los Ministros de Economía y de Trabajo y Previsión Social, y oída la opinión de la Corte Suprema de Justicia.
DECRETA la siguiente:

LEY DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
CAPITULO I
CREACION, OBJETO Y NATURALEZA DEL FONDO

CREACION
Art. 1.- Se instituye el “Fondo Social para la Vivienda” como un programa de desarrollo de seguridad social.
PERSONALIDAD JURIDICA, DOMICILIO
Art. 2.- El Fondo Social para la Vivienda es una Institución de Crédito, Autónoma, de Derecho Público, con personalidad jurídica, sin más limitaciones que las que emanen de esta ley y tendrá su domicilio en la ciudad de San Salvador, pudiendo establecer agencias, sucursales y dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. (3)
En el contexto de esta ley y los reglamentos respectivos el “Fondo Social para la Vivienda” podrá denominarse únicamente el “Fondo”.
OBJETO
Art. 3.- El “Fondo” tendrá por objeto contribuir a la solución del problema habitacional de los trabajadores, proporcionándoles los medios adecuados para la adquisición de viviendas cómodas, higiénicas y seguras.
CAMPO DE APLICACION
Art. 4.- Las disposiciones de esta ley se aplican a todos los patronos y trabajadores sea cual fuere el tipo de relación laboral que los vincule y la forma en que se haya establecido la remuneración. No obstante, será por medio de los reglamentos que se determinará el tiempo y forma en que, las diferentes clases de trabajadores se irán incorporando a este programa de seguridad social.
El campo de aplicación podrá ampliarse oportunamente a favor de los trabajadores que no dependan de un patrono.
RELACION DEL “FONDO”
Art. 5.- El Fondo se relacionará con los Organos del Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas. (7) (8)

GRACIAS POR DEJAR TUS COMENTARIOS, ESTO NOS AYUDA CONTINUAR TRABAJANDO

Lea el resto de esta entrada »

Etiquetas:

20
Ene

LEY DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES

   Posteado por: admin    in leyes

elsalvadorleyes4

|Archivo RAR | Formato PDF | Tamaño 189 kb | El Salvador Leyes| Descarga Directa |

Nombre: LEY DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES
Materia: Derecho Constitucional Categoría: Derecho Constitucional
Origen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 2996
Fecha:14/01/60
D. Oficial: 15
Tomo: 186 Publicación DO: 22/01/60
Reformas: (5) D.L. Nº 182, del 11 de diciembre de 1997, publicado en el D.O. Nº 239, Tomo 337, del 22 de diciembre de 1997.
Comentarios: Para garantizar la pureza de la constitucionalidad es necesario formar un cuerpo legal donde se
regulen los preceptos contenidos en los Artículos 96,164 inc. 2° y 222 de la Constitución y para mejorar la
protección de los derechos individuales tanto en su forma como en su fondo.

L.C.
Contenido;
LEY DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES.
DECRETO Nº 2996
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que es conveniente reunir en un solo cuerpo legal las regulaciones de los preceptos contenidos en los Artículos 96, 164
Inc. 2º y 222 de la Constitución, que garantizan la pureza de la constitucionalidad;
II.- Que la acción de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general
y obligatorio, aún no ha sido especialmente legislada, por lo que es conveniente hacerlo;
III.- Que la acción de amparo constitucional, la cual tiene más de setenta años de proteger los derechos individuales en El
Salvador, precisa ser mejorada tanto en su forma como en su fondo a fin de que esté en concordancia con las exigencias
actuales de la sociedad salvadoreña y pueda dar una mayor protección a los derechos que la Constitución otorga a la
persona;
IV.- Que para que sean llenadas ampliamente las finalidades a que se refiere el Considerando I, es necesario que esta ley
contenga el habeas corpus;
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa conjunta del Señor Presidente de la República, por medio del Ministro
de Justicia, y de la Corte Suprema de Justicia,
DECRETA, la siguiente
LEY DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES
TITULO I
PRINCIPIOS GENERALES Y JURISDICCION
Art. 1. - Son procesos constitucionales, los siguientes:
1)- El de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos;
2)- El amparo; y
3)- El de exhibición de la persona.
Art. 2.- Cualquier ciudadano puede pedir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declare la
inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio.
Corresponde la sustanciación del proceso al Presidente de la Sala. (3)
Art. 3.- Toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Cons titucional de la Corte Suprema de Justicia, por violación
de los derechos que le otorga la Constitución. (3)
Art. 4.- Cuando la violación del derecho consista en restricción ilegal de la libertad individual, cometida por cualquier
autoridad o individuo, la persona agraviada tiene derecho al “habeas corpus” ante la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia o ante las Cámaras de Segunda Instancia que no residan en la capital. (3)
Art. 5.- Iniciado cualquiera de los procesos constitucionales, no será necesaria la solicitud de las partes para su
continuación, debiendo el Tribunal pronunciar de oficio todas las resoluciones hasta la sentencia.
Los plazos que señala esta ley comprenderán únicamente los días hábiles; serán perentorios e improrrogables; y,
transcurrido cualquiera de ellos para una audiencia o traslado, sin que se haga uso de los mismos, se pronunciará la
resolución que corresponda, procediendo de oficio al apremio, si fuere necesaria la devolución del expediente.(5)
TITULO II
PROCESOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Art. 6.- La demanda de inconstitucionalidad deberá presentarse por escrito ante la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, y contendrá: (3)
1)- El nombre, profesión u oficio y domicilio del peticionario;
2)- La ley, el decreto o el reglamento que se estime inconstitucional, citado el número y fecha del Diario Oficial en que se
hubiere publicado, o acompañando el ejemplar de otro periódico, sino se hubiere usado aquél para su publicación;
3)- Los motivos en que se haga descansar la inconstitucionalidad expresada, citando los artículos pertinentes de la
Constitución;
4)- La petición de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento; y
5)- El lugar y fecha de la demanda, y firma del peticionario o de quien lo hiciere a su ruego.
Con la demanda deberán presentarse los documentos que justifiquen la ciudadanía del peticionario.
Art. 7.- Presentada la demanda con los requisitos mencionados se pedirá informe detallado a la autoridad que haya emitido
la disposición considerada inconstitucional, la que deberá rendirlo en el término de diez días, acompañando a su informe
cuando lo crea necesario, las certificaciones de actas, discusiones, antecedentes y demás comprobantes que fundamenten
su actuación.
Art. 8.- De la demanda o informe se correrá traslado por un término prudencial que no exceda de noventa días, al Fiscal
General de la República, quien estará obligado a evacuarlo dentro del plazo que se le señale.
Art. 9.- Evacuado el traslado por el Fiscal y practicadas las diligencias que se estimaren necesarias, se pronunciará
sentencia.
Art. 10.- La sentencia definitiva no admitirá ningún recurso y será obligatoria, de un modo general, para los órganos del
Estado, para sus funcionarios y autoridades y para toda persona natural o jurídica.
Si en la sentencia se declarare que en la ley, decreto o reglamento no existe la inconstitucionalidad alegada ningún juez o
funcionario podrá negarse a acatarla, amparándose en las facultades que conceden los artículos 185 y 235 de la
Constitución. (3)
Art. 11.- La sentencia definitiva se publicará en el Diario Oficial dentro de los quince días subsiguientes al de su
pronunciamiento, para lo cual se remitirá copia de la referida sentencia al Director de dicho periódico, y si este funcionario
no cumpliere, la Corte ordenará que se publique en uno de los diarios de mayor circulación de la capital de la República, sin
perjuicio de la responsabilidad en que haya incurrido.
TITULO III
PROCESO DE AMPARO

GRACIAS POR DEJAR TUS COMENTARIOS, ESTO NOS AYUDA CONTINUAR TRABAJANDO
Lea el resto de esta entrada »

Etiquetas:

elsalvadorleyes2

|Archivo RAR | Formato PDF | Tamaño 212 kb | El Salvador Leyes| Descarga Directa |

Nombre: DISPOSICIONES QUE REGIRAN LOS PRESTAMOS QUE SE OTORGUEN A LOS EMPLEADOS PUBLICOS DOCENTES

Materia: Derecho Administrativo Categoría: Derecho Administrativo
Origen: MINISTERIO DE HACIENDA Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Ejecutivo
Nº: 77    Fecha:27/11/78
D. Oficial: 224    Tomo: 261    Publicación DO: 01/12/1978
Reformas: S/R
Comentarios: En virtud que el Reglamento de Préstamos Personales a los asegurados y pensionistas del Instituto Nacional de Pensiones de lo Empleados Públicos ha regulado en forma detallada, armónica y eficaz la concesión de préstamos personales a los asegurados y pensionistas del INPEP; y siendo que sus disposiciones son perfectamente aplicables a los nuevos préstamos que concederán a los asegurados o pensionistas del INPEP en el Régimen de los Empleados Públicos Docentes, se torna necesario, através del presente decreto extender su campo de aplicación a estos últimos. L.B.

Contenido;
DISPOSICIONES QUE REGIRAN LOS PRESTAMOS QUE SE OTORGUEN A LOS EMPLEADOS PUBLICOS DOCENTES.

DECRETO Nº 77.

EL PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I- Que de conformidad a lo prescrito en el Art. 1 del Decreto Legislativo Nº 4 de fecha 15 de junio de 1978, publicado en el Diario Oficial Nº 127, tomo Nº 260, de fecha 10 de julio del presente año se autorizó al Poder Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para constituir bajo un Régimen Especial, con el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos(INPEP) un fideicomiso sobre DIEZ MILLONES DE COLONES (¢ 10.000.000.00) destinados a otorgar préstamos personales a los asegurados o pensionistas del INPEP, en el Régimen de los Empleados Públicos Docentes; de acuerdo a un Reglamento de Préstamos aprobado por el Poder Ejecutivo en le Ramo de Hacienda;

II.- Que por Decreto Ejecutivo Nº 29 de fecha 8 de diciembre de 1977, publicado en el Diario Oficial Nº 230, Tomo Nº 257 con fecha 12 del mismo mes y año, se emitió el Reglamento de Préstamos Personales a los asegurados y pensionistas del Instituto Nacional de Pensiones de lo Empleados Públicos (INPEP), con el objeto de regular la concesión de tales préstamos, con fondos provenientes del fideicomiso sobre VEINTE MILLONES DE COLONES (¢ 20.000.000.00) constituido de conformidad al Decreto Nº 359 emitido por la Asamblea Legislativa el día 22 de septiembre de 1977, publicado en el Diario Oficial Nº 186, Tomo N° 257del 7 de octubre del mismo año;

III.- Que el Reglamento de Préstamos a que se refiere el Considerando anterior ha regulado en forma detallada, armónica y eficaz la concesión de préstamos personales a los asegurados y pensionistas del INPEP; por lo que sus disposiciones son perfectamente aplicables a los nuevos préstamos que concederán a los asegurados o pensionistas del INPEP en el Régimen de los Empleados Públicos Docentes; por lo que es procedente extender su campo de aplicación a estos últimos.

POR TANTO,

en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Art. 1.- Los Préstamos Personales que se otorguen a los asegurados y pensionistas del INPEP, en el Régimen de los Empleados Públicos Docentes; con fondos provenientes del Fideicomiso sobre DIEZ MILLONES DE COLONES (¢ 10.000.000.00) autorizado por Decreto Legislativo Nº 4 de fecha 15 de junio de 1978, publicado en el Diario Oficial Nº 127, Tomo Nº 260 de fecha 10 de julio del presente año; se regirán por lo pertinente por las disposiciones del Reglamento de Préstamos Personales a los asegurados o pensionistas del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), emitido por Decreto Ejecutivo Nº 29 de fecha 8 de diciembre de 1977, publicado en le Diario Oficial Nº 230, Tomo Nº 257 de fecha 12 de diciembre del mismo año.

Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintisiete días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y ocho.

CARLOS HUMBERTO ROMERO,
Presidente de la Républica.

René López Bertrand,
Ministro de Hacienda.

D.L Nº 77, del 27 de noviembre de 1978, publicado en el D.O Nº 224, Tomo 261, del 1 de diciembre de 1978.

GRACIAS POR DEJAR TUS COMENTARIOS, ESTO NOS AYUDA CONTINUAR TRABAJANDO
Lea el resto de esta entrada »

Etiquetas:

13
Ene

NORMA TECNICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS

   Posteado por: admin    in leyes

elsalvadorleyes

Ya  que  de  acuerdo  a  la  ley  de  creación  de  la  Administración  Nacional  de  Acueductos  y
Alcantarillados (ANDA) su principal objetivo es el de “proveer y ayudar a proveer agua para el
consumo  humano”,  la  búsqueda  de  fuentes  para  abastecimiento  de  agua  es  uno  de  los
principales problemas con que se enfrenta diariamente.

Si tomamos   en cuenta que, solamente existen dos fuentes de agua a nuestra disposición: las
superficiales, que comprenden los lagos, ríos, áreas de drenaje que envían el agua hacia los
embalses y los procedimientos que permiten captar y retener agua lluvia; y las subterráneas,
que incluyen a los pozos, manantiales y galerías horizontales.

Y a esto agregamos que,   el agua dulce en estado líquido   de ríos y lagos, representa la parte
de  este  recurso  que  se  encuentra  en  tránsito  y  por  lo  tanto  en  la  mayor  parte  de  los  casos
contaminada, entenderemos el por qué de la creciente demanda de perforaciones, que con la
finalidad de explotación de acuíferos para consumo humano, hemos tenido en los últimos años.

Esta creciente demanda de perforaciones ha hecho tomar conciencia de la falta de instrumentos
que   rijan   la   administración   del   recurso,   unifiquen  los   criterios   de   trabajo   y  ordenen   los
procedimientos de seguimiento institucional relacionados a la actividad de perforación.

La presente norma pretende lograr la homologación de criterios técnicos en las actividades de
selección del sitio, construcción, supervisión y recepción de pozos profundos, contribuyendo de
esta manera al fortalecimiento en la gestión de los recursos hídricos subterráneos.

.1 DEFINICIONES

Para los fines de la presente Norma se entenderán las siguientes definiciones:

2.1.1    AGUA   POTABLE.   La   que   por   su   calidad   y   características   físicas,   químicas   y
bacteriológica de acuerdo a la normativa salvadoreña e internacional es aceptable para
el consumo humano.

2.1.2    ANDA. Siglas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

2.1.3    CONACYT. Siglas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Institución de Derecho
Público,  sin  fines  de  lucro,  de  carácter  autónomo  descentralizado,  que  es  la  autoridad
superior encargada de  la política  científica  y tecnológica en el  país. Y  que, entre  otras
atribuciones, tiene la de,   dirigir y coordinar las actividades y la  ejecución de la política
en materia de normalización.

2.1.4    GERENCIA  NORMATIVA.  Cualquiera  de  las  Gerencias  de  la  ANDA  contempladas
dentro del nivel normativo dentro del organigrama de la Institución.

2.1.5    GERENCIA  REGIONAL.  Cualquiera  de  las  cuatro  Gerencias  Operativas  de  la  ANDA

GRACIAS POR DEJAR TUS COMENTARIOS, ESTO NOS AYUDA CONTINUAR TRABAJANDO

Lea el resto de esta entrada »

Etiquetas:

elsalvadorleyes9

| Archivo RAR | Formato PDF |Derecho Administrativo | Tamaño110 kb|

Nombre: LEY ESPECIAL REGULADORA DE LA EMISION DEL DOCUMENTO UNICO DE IDENTIDAD

Materia: Derecho Civil Categoría: Derecho Civil
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 581 Fecha:18/10/2001
D. Oficial: 206 Tomo: 353 Publicación DO: 31/10/2001
Reformas: (6) D.L. N° 146 del 16 de Noviembre del 2006, Publicado en el D.O. N° 220, Tomo N° 373, del 24 de Noviembre del 2006. (Prorroga)
Comentarios: La presente Ley tiene por objeto garantizar la eficacia en la extensión del Documento Unico de Identidad, que es el documento oficial, suficiente y necesario para identificar fehacientemente a toda persona natural, salvadoreña, en todo acto público o privado, tanto dentro del país, como en el extranjero, cuando dichos actos surtan efectos en El Salvador; permitiendo así una segura, masiva y suficiente distribución del mismo.
(NOTA: Esta Ley reforma el D.L. No.743, del 28 de Octubre de 1999, publicado en el D.O No.226, Tomo No.345, del 19 de noviembre del mismo año.)
CL.

Contenido;
DECRETO No. 581.-
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
CONSIDERANDO:

I.- Que el inciso segundo, del Art. 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional de las Personas Naturales, tiene competencia para emitir el Documento Único de Identidad a las personas naturales, el cual será el documento suficiente para identificarse fehacientemente en todo acto público o privado;
II.- Que el registro, emisión y entrega del Documento Único de identidad, constituye un servicio público cuya extensión deberá iniciar el Registro Nacional de las Personas Naturales, por medio de la entidad y previo al cumplimiento de las exigencias legales que determine dicho Registro;
III.- Que el artículo 6 de la citada ley, establece que para los efectos de no suspender la identificación del ciudadano, mientras no se emita el Documento Único de Identidad, continuarán las Alcaldías Municipales, extendiendo las Cédulas de Identidad Personal, por lo que es necesario dictar las disposiciones legales que establezcan las fases y plazos para la expedición de DUI, el precio del mismo y la obligatoriedad del uso de tal documento;
IV.- Que el DUI constituirá un instrumento de trascendental importancia en el contexto de la seguridad nacional, especialmente referida la seguridad ciudadana y la jurídica;

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Walter René Araujo Morales, José Francisco Merino López, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Roberto José d’Abuisson, José Antonio Almendariz, Guillermo Antonio Gallegos, Mario Antonio Ponce, William Rizziery Pichinte, Carmen Elena Calderón de Escalón, Francisco Flores, Norman Noel Quijano, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Agustín Díaz Saravia, Alfonso Aristides Alvarenga y Ernesto Angulo,
DECRETA:

LEY ESPECIAL REGULADORA DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD

Art. 1.- La presente ley, tiene por objeto garantizar la eficacia en la extensión del Documento Único de Identidad que puede denominarse DUI, permitiendo una segura, masiva y suficiente distribución del mismo; en consecuencia, es necesario adoptar disposiciones e implementar un mecanismo temporal orientado a financiar la adquisición de dicho documento de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del Estado.
Art. 2.- El Registro Nacional de las Personas Naturales, es la entidad responsable de la Administración del Sistema de Registro de Documento Único de identidad y del registro, emisión y entrega del Documento Único de Identidad.
Para la prestación del servicio público, el Registro Nacional de las Personas Naturales podrá celebrar los contratos correspondientes.
En el Sistema de Registro del Documento Único de Identidad, se registrarán y conservarán en forma centralizada, permanente y actualizada toda la información referente a la identidad de las personas naturales.
Art. 3.- El Documento Único de identidad, es el documento oficial, suficiente y necesario para identificar fehacientemente a toda persona natural, salvadoreña, en todo acto público o privado, tanto dentro del país, como en el extranjero, cuando dichos actos surtan efectos en El Salvador.
Art. 4.- El Documento Único de Identidad, será de uso obligatorio en todo el territorio nacional, para todo salvadoreño mayor de edad, desde el día uno de noviembre del año dos mil y tendrá una vigencia de cinco años, a partir del mes de su emisión.
La emisión y renovación del DUI, deberá solicitarse en el mes de nacimiento del solicitante.
Art. 5.- El Registro Nacional de las Personas Naturales, deberá iniciar la emisión del Documento de Identidad, a partir del uno de noviembre del año dos mil uno.

GRACIAS POR DEJAR TUS COMENTARIOS, ESTO NOS AYUDA CONTINUAR TRABAJANDO

Lea el resto de esta entrada »

Etiquetas:

17
Nov

LEY DE EXPROPIACION Y DE OCUPACION DE BIENES POR EL ESTADO

   Posteado por: admin    in leyes


elsalvadorleyes4

| Archivo RAR | Formato PDF |Derecho Administrativo | Tamaño170 kb|

Nombre: LEY DE EXPROPIACION Y DE OCUPACION DE BIENES POR EL ESTADO

Materia: Derecho Administrativo Categoría: Derecho Administrativo
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 33 Fecha:25/07/1939
D. Oficial: 174 Tomo: 127 Publicación DO: 17/08/1939
Reformas: (2) D.L. Nº 467, del 29 de octubre de 1998, publicado en el D.O. Nº 212, Tomo 341, del 13 de noviembre de 1998
Comentarios: La presente Ley establece el procedimiento especial que ha de seguirse en los casos en que una persona puede ser privada de sus bienes por causa de utilidad pública legalmente comprobada y previa una justa indemnización.

Contenido;
Decreto Nº 33.
La Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Salvador,
Considerando: que la Constitución Política vigente en su Art. 50 reconoce la propiedad como un derecho inviolable y establece los casos en que una persona puede ser privada de sus bienes por causa de utilidad pública legalmente comprobada y previa una justa indemnización; y que se hace necesario emitir una ley especial para fijar el procedimiento que ha de seguirse en esos casos,
Por Tanto
en uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa del Poder Ejecutivo y oído el parecer de la Corte Suprema de Justicia,
Decreta:
la siguiente

LEY DE EXPROPIACION Y DE OCUPACION DE BIENES POR EL ESTADO.
TITULO I
De la Expropiación en general

Art. 1.- La expropiación forzosa por causa de utilidad pública, establecida por el Art. 50 de la Constitución Política, se llevará a efecto conforme a la presente ley.
Art. 2.- Se declaran de utilidad pública:

I- Las obras o trabajos que se necesiten para la prestación de cualquier servicio público, ya sean costeados por el Estado, por el Municipio, por entidades oficiales debidamente autorizadas para llevarlos a cabo, o por empresas particulares o concesionarios que en virtud de contrata con el Estado o Municipio, legalmente celebrada y aprobada, estén obligados a ejecutarlos.

Las obras a que se refiere el inciso anterior, son:
Fortificaciones, polvorines, cuarteles y campos de aterrizaje y sus anexos.
Carreteras Nacionales, ya sean caminos troncales, departamentales o vecinales, puentes y calzadas, construcción de drenajes y obras auxiliares para unos y otros, y materiales de revestimiento.
Obras para abastecimiento de aguas a poblaciones, o a dependencias del Estado, y para captación de fuentes y trabajos auxiliares.
Acueductos y cañerías y los terrenos necesarios para construirlos o tenderlas.
Obras y canales de desecación, irrigación y desagüe o drenaje.
Canales de navegación, y canalización de corrientes de aguas continuas o intermitentes.
Restitución de los ríos a su cauce natural. (1)
Vías férreas.
Obras para la producción, trasmisión y distribución de energía eléctrica para uso público, en cualquier forma.
Edificios para enseñanza, para beneficencia y para comunicaciones eléctricas.
Casas consistoriales, su ensanche o mejora y obras municipales.
Calles, teatros, plazas y parques o paseos públicos costeados con fondos del Erario Público o del Municipio.
Obras de ensanche, de saneamiento o de embellecimiento de poblaciones.
Mercados y mataderos.
Cementerios y crematorios.
Establecimientos para corrección y castigo.
Dependencias del Estado para usos de la Administración Pública, o el ensanche de ellas.
No podrá decretarse la expropiación en los casos contemplados anteriormente si otra persona o empresa pública o privada está utilizando los bienes que se pretendiere expropiar, con el mismo objeto que motive la solicitud, o en otro de igual o mayor importancia.
Sin embargo, si se considerase de utilidad pública nacionalizar o municipalizar un servicio público prestado por particulares, podrá el Estado expropiar los bienes destinados a su prestación.
También podrá decretarse la expropiación de edificios, fábricas, talleres o sus dependencias de propiedad particular, si fueren indispensables para ejercer la administración de los productos enumerados en el Art. 55 de la Constitución.
Asimismo podrán ser expropiados los terrenos que fueren necesarios a la Administración Pública para obras de forestación y de conservación de suelos. (1)

II- Las patentes de invención, cuando el libre uso de los objetos y procedimientos amparados por ellas sea susceptible de crear un ramo importante de riqueza nacional o de cooperar a la defensa del país, y tengan lugar una de las siguientes circunstancias:

A) Que el inventor o perfeccionador se niegue a permitir la explotación de la patente.
B) Que la máquina, aparato o instrumento sean susceptibles de aplicarse en el país.
C) Que el Poder Ejecutivo juzgue necesario mantener secretos los objetos o procedimientos que ampare.
Toda expropiación de patentes deberá ser en beneficio exclusivo del Estado.

III- La Industria Minera (Art. 17 Cod. Minería).

Art. 3.- Siempre que se trate de ejecutar una obra de utilidad pública de las indicadas en la presente ley, o de ocupar bienes de particulares, el interesado como acto previo a la expropiación deberá tratar de llegar, dentro de un plazo prudencial que no perjudique los fines perseguidos, a un arreglo con el propietario sobre el precio que deba pagarse como valor de lo que se enajene o ceda.
Art. 4.- Si no hubiere avenimiento sobre el precio, o algún otro punto de la negociación, se procederá a la expropiación forzosa, llenando los requisitos siguientes:

GRACIAS POR DEJAR TUS COMENTARIOS, ESTO NOS AYUDA CONTINUAR TRABAJANDO
Lea el resto de esta entrada »

Etiquetas:

elsalvadorleyes

| Archivo RAR | Formato PDF |Derecho Administrativo | Tamaño354 kb|

Nombre: LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Materia: Derecho Administrativo Categoría: Derecho Administrativo
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 868 Fecha:05/04/2000
D. Oficial: 88 Tomo: 347 Publicación DO: 15/05/2000
Reformas: (7) D.L. Nº 909, del 14 de diciembre del 2005, publicado en el D.O. Nº 8, Tomo 370, del 12 de enero del 2006.
Comentarios: La presente Ley tiene por objeto regular las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que deben celebrar las instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de sus fines; entendiéndose para los alcances y efectos de ésta, que la regulación comprende además los procesos enunciados en esta Ley.

Contenido;
DECRETO N° 868

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.- Que es necesario actualizar el marco jurídico que regula las adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la Administración Pública, con los principios del derecho administrativo, los criterios de probidad pública y las políticas de modernización de la Administración del Estado;

II.- Que es deber del Estado que las adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la Administración Pública se realicen en forma clara, ágil y oportuna, asegurando procedimientos idóneos y equitativos;

III.- Que es deber del Estado velar por el uso racional de sus recursos financieros, y para ello es menester la unificación de las normas reguladoras de las adquisiciones y contrataciones dentro de los principios de libre competencia;

IV.- Que en concordancia con lo establecido en el artículo 234 de la Constitución de la República, las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios que realice el Estado, deberán someterse a licitación pública, excepto en los casos regulados por la Ley.

POR TANTO:

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la República, por medio del Ministro de Hacienda y de los diputados Juan Duch Martínez, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Julio Eduardo Moreno Niños, Alejandro Dagoberto Marroquín, Hugo Molina, José Mauricio Quinteros, Jorge Alberto Villacorta, Lorena Guadalupe Peña, Alejandro Rivera, Gerson Martínez, Kirio Waldo Salgado Mina, René Aguiluz Carranza, Donal Ricardo Calderón Lam, Humberto Centeno, Mariela Peña Pinto, René Figueroa, José Roberto Larios, Roberto José D’Aubuisson, Norman Quijano, Luis Alberto Cruz, Salvador Horacio Orellana, Mauricio Aguilar, Jorge Alberto Muñoz, Gerardo Escalón, René Oswaldo Rodríguez, Olme Remberto Contreras, Renato Antonio Pérez, Nelson Funes, Amado Aguiluz, Hermes Alcides Flores, Olga Ortíz, Gloria Salguero Gross, Walter Araujo Morales, María Elizabeth Zelaya, Ismael Iraheta Troya, Orlando Arevalo, Guillermo Magaña, Sigifredo Ochoa Pérez y Gerardo Antonio Suvillaga.

DECRETA: la siguiente;

LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETO DE LA LEY

Objeto de la Ley

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto regular las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que deben celebrar las instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de sus fines; entendiéndose para los alcances y efectos de ésta, que la regulación comprende además los procesos enunciados en esta Ley.

Alcance de la Ley

Art. 2.- Quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley:

a) Las adquisiciones y contrataciones de las instituciones del Estado, sus dependencias y organismos auxiliares, de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social;

b) Las adquisiciones y contrataciones de las entidades que comprometan fondos públicos; y,

c) Las adquisiciones y contrataciones costeadas con fondos municipales, las que podrán ejecutar obras de construcción bajo el sistema de administración, a cargo del mismo Concejo y conforme las condiciones que señala esta ley. (2)

A los órganos, dependencias, organismos auxiliares y entidades a que se hace referencia, en adelante se les denominará “Instituciones de la Administración Pública” o solo “las instituciones.”

Sujetos de la Ley

Art. 3.- Quedan sujetos a esta Ley, además, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, al ofertar o contratar obras, bienes y servicios requeridos por las instituciones de la administración pública.

También, se sujetan a esta Ley la unión de varios ofertantes, sin que ello implique contratar con una persona diferente. Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar ante la institución contratante, la existencia de un acuerdo de unión previamente celebrado por escritura pública, en el que se regulen, por lo menos, las obligaciones entre los sujetos y los alcances de su relación con la institución que licita.

Las personas naturales o jurídicas que formen parte de la unión, responderán solidariamente por todas las consecuencias de su participación y de la participación de la unión en los procedimientos de contratación o en su ejecución.

El ofertante que formase parte de una unión, no podrá presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otra unión, siempre que se tratare del mismo objeto de contratación.

Exclusiones

Art. 4.- Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley:

GRACIAS POR DEJAR TUS COMENTARIOS, ESTO NOS AYUDA CONTINUAR TRABAJANDO

Lea el resto de esta entrada »

Etiquetas: